La Fiscalía General de la Nación, a través de una delegada ante la Corte Suprema de Justicia, radicó formalmente el escrito de acusación contra Daniel Garcés Carabalí, exembajador de Colombia en Ghana. El exdiplomático es procesado como presunto responsable de los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor. El ente acusador busca determinar la responsabilidad penal del exfuncionario en hechos que habrían ocurrido durante una década.
Las investigaciones señalan que Garcés Carabalí habría sometido a su compañera sentimental a un ciclo sistemático de violencia física, psicológica, económica y sexual entre los años 2011 y 2021. De acuerdo con el expediente, estas agresiones habrían persistido incluso después de que la mujer decidiera dar por terminada la relación y separarse. La Fiscalía sostiene que el maltrato se extendió más allá de la convivencia, convirtiéndose en una conducta continuada de intimidación y control.
Uno de los puntos clave de la acusación se relaciona con presuntas irregularidades para obtener la custodia de sus hijos. Según el material probatorio, el procesado habría recurrido a testimonios falsos y pruebas cuestionables ante comisarías y juzgados de familia en Bogotá. El objetivo de estas acciones legales habría sido privar a la madre del contacto con los menores bajo el argumento de un supuesto maltrato, permitiendo al entonces embajador trasladar a los niños a Ghana.
Esta maniobra legal habría impedido que la víctima ejerciera sus derechos como madre, manteniéndola alejada de sus hijos mientras el diplomático cumplía sus funciones en el extranjero. El delito de fraude procesal se sustenta en el uso de mecanismos judiciales para obtener beneficios bajo engaños, afectando la integridad del sistema de justicia y el núcleo familiar. La situación generó un aislamiento total de los menores respecto a su entorno materno durante su permanencia en África.
Con la radicación del escrito de acusación, el proceso entra en una etapa definitiva hacia el juicio oral. La Judicatura será la encargada de fijar la fecha para la audiencia de formalización de la acusación, donde se presentarán los cargos detallados ante un juez de la República. El caso ha generado interés público debido a la investidura que ostentaba el procesado al momento de los hechos y la gravedad de las conductas de violencia de género denunciadas.
