La firma calificadora Fitch Ratings alertó sobre el potencial debilitamiento de los perfiles crediticios en toda la cadena energética colombiana como consecuencia de la intervención del Gobierno a la empresa distribuidora Air-e. Según la evaluación de Fitch, esta intervención ha generado un aumento significativo en los saldos acumulados de Air-e.

La calificadora señaló que la intervención ha creado incertidumbre respecto a la capacidad de Air-e para cumplir con sus obligaciones financieras, las cuales ascendían a aproximadamente 2 billones de pesos (unos 470 millones de dólares) hasta abril de 2025. La mayor parte de esta deuda corresponde a generadores térmicos. Fitch también destacó que un mandato gubernamental que impide la limitación del suministro a Air-e como penalización por retrasos en los pagos agrava la situación.

Fitch Ratings identificó una exposición considerable para entidades calificadas como TermoCandelaria Power S.A., que presenta un saldo pendiente de alrededor de 102 millones de dólares con Air-e, de los cuales más de la mitad se originaron después de la intervención. No obstante, la firma anticipa que la exposición de TermoCandelaria a Air-e disminuirá a medida que las condiciones hidrológicas normalizadas permitan a la compañía generar principalmente fuera de mérito.

La calificadora también resaltó la exposición de Interconexión Eléctrica y Grupo Energía Bogotá, por sus negocios de transmisión, con montos cercanos a los 40 millones y 12 millones de dólares respectivamente, posteriores a la intervención. Adicionalmente, Air-e adeuda alrededor de 38 millones de dólares a Empresas Públicas de Medellín, de los cuales unos 7 millones corresponden a Afinia.

Si bien Fitch no prevé problemas inmediatos de liquidez para estas empresas debido a su sólida generación de flujo de caja, advirtió que los retrasos prolongados en los pagos por parte de Air-e podrían presionar sus futuras necesidades de capital.

Air-e presta servicio a aproximadamente 1,2 millones de usuarios en la región Caribe, lo que representa el 11,5% de la demanda total de energía del país. La Superintendencia de Servicios Públicos intervino la empresa en septiembre de 2024, argumentando inestabilidad financiera causada por elevadas pérdidas de energía, bajos niveles de recaudación y una importante exposición al mercado spot de energía en un contexto de precios al alza.