El municipio de Galapa ha dado un paso trascendental en la reparación social con la entrega oficial de la Casa de la Paz. Este nuevo centro integral está diseñado específicamente para brindar orientación, acompañamiento y atención técnica a la población afectada por el conflicto armado que reside en la localidad, consolidándose como un eje de reconciliación en el territorio.
La infraestructura cuenta con tres pilares operativos: el Punto de Atención a Víctimas (en articulación con la Unidad de Víctimas), la oficina de la Mesa de Participación de las Víctimas y el Salón de la Paz. Este último espacio no solo estará destinado a trámites administrativos, sino que se proyecta como un escenario abierto a la comunidad para el desarrollo de procesos pedagógicos y sociales que fomenten la cultura de paz en el municipio.
Durante el acto de entrega, el alcalde Fabián Bonett Berdugo destacó que este logro es fruto de un esfuerzo interinstitucional que involucró a la Secretaría de Gobierno, la Personería, la Defensoría del Pueblo y la fuerza pública. El mandatario subrayó que la recuperación de este espacio es solo el inicio de un plan de renovación urbana y social que incluye gestiones para rescatar el antiguo edificio de Telecom y la llegada de la educación superior con Unibarranquilla.
Para los beneficiarios, el impacto es inmediato y tangible. Jorge Mercado, representante de la mesa técnica, señaló que cerca de 5.600 personas en condición de víctimas se verán favorecidas al no tener que desplazarse a otros municipios para gestionar sus procesos, lo que representa un ahorro significativo en tiempo y dinero. Por su parte, líderes de la comunidad como Guillermo Márquez calificaron el hecho como un hito histórico tras años de gestión y espera.
Finalmente, la secretaria de Gobierno, Angélica Oñoro, enfatizó que la Casa de la Paz se integra a la estrategia macro «Galapaz». Este programa busca blindar a la población vulnerable a través de iniciativas como Jóvenes por la Paz y Alertas Tempranas, posicionando a Galapa como un referente departamental en la descentralización de la justicia transicional y el respeto por los derechos humanos.
