En una acción conjunta para proteger el suministro de agua potable, la Gobernación del Atlántico detectó 33 conexiones ilegales en predios rurales del municipio de Manatí. Los operativos, liderados por las secretarías del Interior y de Agua Potable en articulación con la Policía y la empresa Aqualia, permitieron identificar a los propietarios de estas fincas, quienes ahora enfrentarán procesos de judicialización por el hurto del recurso hídrico.

El impacto de estas irregularidades es crítico para la región, pues se estima que el robo de agua alcanza los 1.500 metros cúbicos diarios. Esta situación genera pérdidas económicas superiores a los 2.000 millones de pesos y afecta directamente a cerca de 40.000 habitantes del sur del departamento, quienes sufren constantes problemas de baja presión y desabastecimiento debido a la manipulación fraudulenta de las redes.

Las autoridades advirtieron que estas conexiones ilegales no solo constituyen un delito, sino que deterioran la infraestructura del sistema y comprometen la salud pública de las comunidades más vulnerables. La Gobernación reiteró su compromiso de mantener una vigilancia permanente en todo el territorio para garantizar un uso equitativo y legal del agua, instando a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad que atente contra este bien esencial.