La Gobernación del Atlántico, en colaboración con la Policía Nacional y la empresa operadora AQsur, ejecutó un operativo de gran escala para combatir las conexiones ilegales que afectan el servicio del acueducto regional Manatí–Candelaria. La jornada de intervención logró identificar y desconectar 30 puntos de fraude a lo largo de la conducción del agua, desde la bocatoma en el Canal del Dique hasta la planta de tratamiento.

Las autoridades detectaron que las conexiones irregulares desviaban agua potable hacia fincas, criaderos, industrias y jagüeyes. Este hurto se traduce en una pérdida mensual de aproximadamente 34.000 metros cúbicos de agua, lo que equivale a pérdidas económicas superiores a los 127 millones de pesos, según explicó la secretaria de Agua Potable del Atlántico, Lady Ospina. La funcionaria alertó que el robo de este recurso es un delito grave que deja sin el servicio, o con presión inadecuada, a comunidades como Manatí, Candelaria, Leña y Carreto, especialmente durante la temporada seca.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, emitió un mensaje contundente, asegurando que la administración actuará «con decisión, autoridad y todo el peso de la ley» contra quienes atenten contra la infraestructura hídrica, recordando que «cada litro robado es un hogar sin servicio».

La Gobernación y AQsur anunciaron un endurecimiento en el proceso de judicialización. Las denuncias ante la Fiscalía ya no serán contra terceros indeterminados, sino que se presentarán de manera individualizada, utilizando las coordenadas exactas de cada predio infractor para que los propietarios respondan ante la ley. El hurto de agua potable es un delito que acarrea meses de cárcel y sanciones económicas que pueden ascender hasta 150 salarios mínimos legales vigentes.

Entre los predios identificados con conexiones ilegales se encuentran la Fundación Vides, el Parque Industrial Araguaney, Fábrica de Bloques Construblock, Finca Los Corrales y varias granjas y fincas de uso residencial. La empresa AQsur ha dispuesto la línea de WhatsApp 316 900 6116 para que la comunidad denuncie los fraudes y daños a la infraestructura del acueducto.