El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno Nacional expedirá un decreto que establece un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con el fin de atender la emergencia económica derivada de los recientes eventos climáticos que han golpeado al país, especialmente a la región Caribe.

La medida fija una tarifa general del 0,5% para empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (aproximadamente 10.474 millones de pesos) y una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético. Según las proyecciones oficiales, el 56% del recaudo provendría de estos dos sectores.

El tributo deberá pagarse en dos cuotas: el 50% el próximo 1° de abril y el 50% restante el 4 de mayo. Los recursos estarán destinados principalmente a intervenciones agrarias e infraestructura en las zonas afectadas.

El decreto fue presentado durante el Consejo de Ministros liderado por el presidente Gustavo Petro en Cartagena. Allí, el ministro Ávila explicó que la decisión responde a la evaluación técnica sobre la magnitud de la emergencia.

“Trabajamos en la presentación de un decreto que se corresponde con la evaluación de la magnitud del impacto que ha tenido la emergencia”, señaló el jefe de la cartera económica al presentar el balance preliminar.

Según el reporte oficial, se han registrado 65 emergencias, 53 de ellas por inundaciones, en 61 municipios de ocho departamentos. Más de 69.000 familias resultaron afectadas, 10 personas fallecieron y se reportan graves daños en viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud. Además, cerca de 20.000 hectáreas productivas han sido impactadas y más de 4.100 viviendas quedaron destruidas. El costo estimado para la atención y recuperación asciende a 8 billones de pesos.

Ávila sostuvo que, ante restricciones jurídicas fijadas por la Corte Constitucional, el Gobierno estructuró el nuevo esquema tributario con eje central en el impuesto al patrimonio para personas jurídicas. “El centro de la propuesta tiene que ver con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, porque antes lo teníamos para personas naturales”, afirmó, recordando que este mecanismo ya se utilizó en el país tras la ola invernal asociada al fenómeno de La Niña en 2009.

Desde el Ministerio de Hacienda recalcaron que se trata de una medida extraordinaria y de aplicación inmediata para garantizar recursos en el corto plazo y enfrentar la magnitud de la crisis.

El ministro también reveló que el Gobierno ha sostenido conversaciones con el sector financiero para promover su participación en la atención de la emergencia.

“Entre 2024 y 2025 el sector financiero duplicó sus utilidades, lo cual es muy positivo, pero también implica la necesidad de que contribuyan a superar esta emergencia que estamos viviendo”, indicó.

Como parte de los alivios planteados, las entidades financieras propusieron periodos de gracia para los afectados y suspensión de cobros jurídicos. El paquete contempla un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, conservación de la calificación crediticia y suspensión de cobros, incluso para cartera en mora, además de atención prioritaria y educación financiera.

El Gobierno también solicitó la reducción de tasas de interés en líneas de economía popular y el fortalecimiento del crédito asociativo, medidas que podrían incluirse en próximos decretos. El ministro Ávila anticipó que continuarán trabajando en normas complementarias para garantizar los recursos necesarios y atender integralmente la emergencia en los territorios afectados.