El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, ha radicado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) por la presunta utilización de población civil en asonadas registradas en varios departamentos de Colombia.

Según el funcionario, uno de los incidentes más graves ocurrió el pasado 2 de agosto de 2025 en la vereda Balén del municipio de La Plata, Huila. En este lugar, la población civil habría sido «amedrentada y coaccionada» por disidencias de las FARC para marchar hacia un destacamento militar, con el objetivo de obligar a las tropas del Ejército a retirarse de la zona.

Rondón enfatizó la gravedad de estos hechos, señalando que «estos graves hechos configuran una grave violación al ordenamiento interno y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como al Estatuto de Roma». Además, calificó los presuntos delitos como «tan graves como concierto para delinquir y asonada», y recordó que «los convenios internacionales condenan que se use a los civiles para evitar las operaciones militares».

El viceministro hizo un enérgico llamado a las organizaciones armadas ilegales para que se abstengan de poner en riesgo la «tranquilidad e integridad de las comunidades». En su denuncia, solicitó a la Fiscalía que inicie una investigación formal contra los responsables del Grupo Armado Organizado Residual Hernando González Acosta, perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo del autodenominado Estado Mayor Central, y, en particular, contra sus cabecillas.

Finalmente, Rondón instó a las autoridades judiciales a reconocer a las víctimas de estos delitos como sujetos de especial protección constitucional, garantizando los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Asimismo, pidió que se decrete la restitución de sus derechos y que se investiguen otros hechos similares que puedan haberse presentado en el territorio nacional.