El Gobierno Nacional analiza la posibilidad de implementar un “buque cárcel” en altamar como parte de una estrategia para mantener aislados y bajo mayores controles de seguridad a los presos considerados de mayor peligrosidad y evitar que continúen ejerciendo influencia sobre sus estructuras criminales desde los centros penitenciarios.

La iniciativa estaría siendo articulada por los ministerios de Defensa y Justicia, junto con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el propósito de establecer un modelo especial de reclusión para internos de alto perfil criminal.

De acuerdo con la información conocida, la estrategia contempla utilizar una embarcación de la Armada Nacional para trasladar a determinados privados de la libertad y mantenerlos alejados de sus redes criminales, limitando especialmente sus posibilidades de comunicación con integrantes de las organizaciones a las que pertenecen.

El proyecto sería denominado Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad y tendría como uno de sus principales objetivos romper los vínculos que algunos líderes criminales mantienen con sus estructuras desde las cárceles.

La propuesta surge en medio de las medidas que viene impulsando el Gobierno de Abelardo De La Espriella para reforzar el control de los establecimientos penitenciarios y evitar que las cárceles continúen siendo utilizadas como centros desde los cuales se ordenan extorsiones, amenazas, homicidios u otras actividades delictivas.

La posibilidad de implementar este modelo también podría generar una discusión jurídica, debido a que los privados de la libertad mantienen derechos que deben ser garantizados incluso durante el cumplimiento de sus condenas. El Gobierno tendría previsto defender la medida bajo argumentos relacionados con la seguridad nacional y la necesidad de impedir que los principales cabecillas continúen dirigiendo organizaciones criminales desde prisión.

La propuesta no sería completamente nueva en Colombia. En 2007, durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, fueron utilizados buques de la Armada Nacional para mantener aislados a reconocidos jefes paramilitares como Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, y Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, en el marco de una estrategia para cortar su capacidad de mando sobre las estructuras criminales.

Ahora, casi dos décadas después, el Gobierno estudia retomar una medida similar, pero bajo un esquema que busca establecer una estrategia de reclusión marítima de alta seguridad para los criminales considerados de mayor riesgo.

La iniciativa habría sido socializada por el presidente De La Espriella con mandatarios de diferentes ciudades capitales, mientras los ministerios y el Inpec avanzan en el análisis de los aspectos operativos y jurídicos necesarios para determinar su viabilidad.

De concretarse, el “buque cárcel” se convertiría en una de las medidas más fuertes de la actual política penitenciaria del Gobierno y buscaría enviar un mensaje contundente: los líderes de las organizaciones criminales no podrán utilizar las cárceles como plataformas para continuar controlando sus estructuras y ordenando delitos desde prisión.