El Gobierno nacional rechazó de manera contundente el llamado “juicio revolucionario” anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra cuatro funcionarios secuestrados en Arauca y exigió su liberación inmediata e incondicional. La administración calificó como ilegal e inaceptable la decisión de la guerrilla de mantener en cautiverio a dos funcionarios del CTI de la Fiscalía y dos miembros de la Policía Nacional.  

Según el pronunciamiento oficial, el ELN no tiene ninguna autoridad para imponer condenas o ejercer funciones judiciales, por lo que el secuestro prolongado de los uniformados representa una grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. El Gobierno insistió en que este tipo de acciones afectan los esfuerzos de paz y generan indignación en el país.  

Los cuatro funcionarios permanecen secuestrados desde 2025, luego de ser retenidos en hechos ocurridos en el departamento de Arauca. En el video difundido por el Frente de Guerra Oriental del ELN, el grupo armado anunció supuestas “condenas” de entre tres y cinco años de “prisión revolucionaria”, argumentando acusaciones relacionadas con labores de inteligencia y operaciones judiciales contra esa organización ilegal.  

La Delegación del Gobierno en los diálogos de paz también se pronunció y aseguró que el secuestro jamás podrá ser considerado un mecanismo válido de presión política. Además, reiteró el llamado al ELN para que entregue a los funcionarios y respete la vida y la dignidad de las personas retenidas.  

Diversos sectores políticos, organismos judiciales y entidades de control expresaron su rechazo frente a la decisión de la guerrilla. La Procuraduría y la Corte Suprema señalaron que el ELN está incurriendo en graves violaciones al orden jurídico colombiano al intentar justificar el secuestro mediante figuras ilegales como el denominado “juicio revolucionario”