En medio del consejo de ministros presidido por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó el panorama fiscal del Gobierno frente a las inundaciones registradas en el norte del país y explicó las alternativas que se están evaluando para garantizar los recursos necesarios.

Ávila señaló que el Ejecutivo había solicitado a la Corte Constitucional levantar la suspensión de la anterior declaratoria de emergencia económica, con el objetivo de activar las medidas ya adoptadas. Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta, lo que obliga al Gobierno a considerar otras vías para atender la emergencia.

“Estos son hechos claramente sobrevinientes e impredecibles y por eso hemos considerado que para atender esta coyuntura se hace nuevamente necesario el establecimiento de una medida de emergencia económica con la cual pueda el gobierno acceder a recursos complementarios con los cuales podamos enfrentar este hecho nuevo, sobreviniente y excepcional que se está presentando que además ha venido estableciendo una exigencia de recursos que se ha venido cuantificando y que en una estimación preliminar plantearía que para la recuperación de la zona afectada se necesitarían cerca de 8 billones de pesos”, destacó el ministro durante su intervención.

Según estimaciones preliminares del Ministerio de Hacienda, la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones podría requerir aproximadamente 8 billones de pesos, debido a las lluvias atípicas que coincidieron con una época de sequía y generaron afectaciones graves en las cuencas del norte del país.

En este contexto, el Gobierno contempla declarar nuevamente la emergencia económica, pero con medidas distintas a las implementadas anteriormente. Una de las principales herramientas sería un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas, con el objetivo de recaudar los recursos adicionales necesarios para atender la emergencia.

El impuesto tendría un carácter progresivo, aplicándose únicamente a patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, equivalentes a unos 10.000 millones de pesos, con tarifas del 0,6 % hasta 600.000 UVT (aproximadamente 30.000 millones de pesos) y del 1,2 % para patrimonios mayores. La medida busca recaudar recursos adicionales sin impactar a la pequeña y mediana industria.

Ávila reiteró que el Gobierno no puede esperar y que se deben explorar todas las alternativas posibles para garantizar que los recursos estén disponibles lo antes posible y así atender la emergencia y apoyar la recuperación de las comunidades afectadas.