El Gobierno Nacional anunció la preparación de un nuevo “estatuto antiterrorista” con el que busca fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar a organizaciones armadas y combatir sus actividades criminales.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó ante el Congreso que la iniciativa contempla la creación de una lista oficial de organizaciones que serían catalogadas como terroristas y a las que se aplicaría un régimen especial en materia penal, penitenciaria y de lucha contra sus fuentes de financiación.

“Es un estatuto completo, preciso y enfocado en las organizaciones que sean declaradas como tal”, señaló Lara al referirse al proyecto que prepara el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Entre las medidas anunciadas se encuentra el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia del Estado para prevenir atentados y facilitar la recopilación de información. El Gobierno también plantea la creación de “órganos especiales” dentro de la Justicia para atender los procesos relacionados con estas organizaciones.

Por ahora, el Ministerio del Interior no ha revelado qué grupos podrían integrar la eventual lista ni ha definido las medidas específicas que contendría el estatuto. Una fuente de la cartera confirmó que el proyecto todavía se encuentra en elaboración y que no existe una fecha definida para su radicación ante el Congreso.

La propuesta tiene como antecedente el llamado “estatuto antiterrorista” impulsado durante el primer Gobierno de Álvaro Uribe. En 2003, el Congreso aprobó una reforma constitucional que ampliaba las facultades estatales para combatir el terrorismo, incluyendo medidas relacionadas con interceptaciones, detenciones y registros.

Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequible aquella reforma por un vicio en su trámite legislativo. El alto tribunal no estudió de fondo varios de los cuestionamientos relacionados con la compatibilidad de esas medidas con principios constitucionales.

El alcance del nuevo estatuto dependerá del texto que finalmente presente el Ejecutivo. Colombia ya cuenta con delitos y mecanismos judiciales para perseguir actos terroristas y las rentas ilícitas de los grupos armados, por lo que una de las novedades planteadas sería la creación de un régimen específico para las organizaciones que sean incluidas en la lista oficial.