En la mañana de este jueves 26 de febrero se llevará a cabo en Barranquilla una reunión entre voceros del Gobierno Nacional y distintos sectores de la comunidad, con el propósito de presentar la metodología que orientaría la llamada “paz urbana” en la ciudad.

El encuentro se da en un contexto complejo para el Atlántico, marcado por el aumento sostenido de homicidios, extorsiones y otras dinámicas de criminalidad. Además, ocurre pocos días después de un Consejo de Seguridad liderado en Malambo por el ministro de Defensa y el ministro del Interior, en el que se anunciaron recompensas contra líderes de las estructuras conocidas como ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, señaladas como carteles de la extorsión y el narcotráfico.

Para el politólogo Luis Fernando Trejos, esta situación refleja una tensión entre el discurso de diálogo y las recientes decisiones del Gobierno Nacional.

“Lo que vemos es una especie de tensión entre el impulso que le quieren dar a ese eventual diálogo en la ciudad, pero nuevamente no hay diálogo en este momento y la mesa no está abierta, y unos anuncios que se hacen desde el nivel nacional que parecen alejar cualquier posibilidad real”, afirmó.

Trejos señaló que la reacción del presidente Gustavo Petro y del ministro de Defensa responde al contexto de violencia que vive el departamento. “Se pone en duda la supuesta voluntad de paz de estas organizaciones cuando están dinamizando los mercados del homicidio y de la extorsión en todo el departamento del Atlántico”, sostuvo.

Víctimas, ausentes en la discusión

Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con la participación de las víctimas en estos escenarios. Según Trejos, en las primeras fases del proceso no se les dio el protagonismo necesario.

“Brillaron por su ausencia las víctimas de estas organizaciones y lo que vimos es que el Gobierno, de forma errada, le empezó a dar protagonismo a los victimarios y no a las víctimas”, aseguró.

El analista consideró que en espacios como el de este jueves deberían tener una participación activa gremios fuertemente golpeados por la extorsión y la violencia, como asociaciones de comerciantes, transportadores y empresarios del sector público y privado.

“No porque sean las únicas víctimas, pero sí han sido los gremios más golpeados por estas organizaciones, no solo en términos de extorsión, sino también de homicidio. Debieran ser ellos los protagonistas de todos estos espacios y no los victimarios”, puntualizó.

Sin ley de sometimiento

Otro de los puntos críticos es el marco jurídico. De acuerdo con Trejos, actualmente no existe una ley de sometimiento o sujeción a la justicia que respalde formalmente estos acercamientos.

“Hoy no hay una ley de sometimiento o sujeción a la justicia y no hay posibilidad de que en el Congreso, en este semestre, se vaya a tramitar esa ley. Por eso digo que esto es un talón de Aquiles”, explicó.

El politólogo agregó que, sin un sustento normativo, no está claro qué podría ofrecer el Gobierno en una eventual negociación.

“Uno no entiende realmente qué se está negociando en esas mesas porque el Gobierno no tiene nada que ofrecerle a los grupos en estos casos particulares”, afirmó.

La reunión de este jueves será clave para conocer la metodología que el Ejecutivo propone para avanzar en la paz urbana en Barranquilla, en medio de un escenario de violencia persistente y de dudas sobre la viabilidad jurídica y política del proceso.