El riesgo de un apagón en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira sigue latente, según advierten los gremios de la región, representados en la Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida. Aunque el Ministerio de Minas y Energía anunció un pago de $231 mil millones a Air-e Intervenida por subsidios de energía, esta suma se considera insuficiente para resolver la profunda crisis financiera y operativa de la empresa.

La raíz del problema: insuficiencia de recursos

El principal factor que contribuye al riesgo de un colapso energético es la considerable demora del Gobierno nacional en transferir recursos a Air-e Intervenida a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. Estos fondos son cruciales para que la empresa pague sus deudas de $1.2 billones con las generadoras de energía, las cuales se acumularon tras la intervención. El reciente desembolso de $231 mil millones representa menos del 20% de esta deuda, lo que no logra estabilizar la situación.

Las deudas de Air-e Intervenida con las generadoras se han duplicado desde septiembre de 2024, cuando la empresa fue intervenida por el Gobierno. En ese momento, la deuda ascendía a $940 mil millones, y para marzo de 2025, esta cifra había escalado a $2.1 billones, evidenciando un deterioro significativo en los primeros seis meses bajo la administración de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Consecuencias de la deuda y la intervención

Esta creciente deuda podría impedir que las empresas térmicas cumplan con sus contratos de compra de combustibles, lo que a su vez las llevaría a declararse indisponibles para producir energía. De materializarse, esta situación pondría en riesgo la estabilidad de todo el Sistema Eléctrico Nacional.

Los gremios critican que la intervención de Air-e se haya llevado a cabo sin la implementación de medidas estructurales ni la asignación prioritaria de recursos, demostrando que este tipo de acciones sin un plan sólido no resuelven los problemas de fondo. De hecho, señalan que la situación financiera de Air-e es hoy más crítica que antes de la intervención.

Además, reiteran su desacuerdo con cualquier intención del Gobierno de intervenir injustificadamente a otros agentes del mercado de energía, pues consideran que una medida de esa magnitud generaría graves perjuicios al Sistema Eléctrico Nacional y ahuyentaría la inversión privada.

Falta de estrategia integral y propuestas de solución

El Ministerio de Minas y Energía aún no ha presentado una estrategia integral que garantice la sostenibilidad operativa del mercado eléctrico nacional a largo plazo. Los gremios subrayan los impactos de un apagón eléctrico, que van desde la interrupción de la productividad y la economía, hasta problemas en el funcionamiento de acueductos, riesgos para la salud, la seguridad, el transporte y la pérdida de alimentos. Hacen un llamado urgente al Gobierno para que tome medidas inmediatas y evite las severas consecuencias sociales y económicas que afectaría a la población.

La veeduría ha propuesto soluciones concretas, basadas en un estudio de FUNDESARROLLO, que buscan mejorar la operación del sistema eléctrico regional, reducir las tarifas de energía para el usuario final y estabilizar a Air-e Intervenida mediante decisiones a corto, mediano y largo plazo.

COMUNICADO APAGON EN ATLÃ_NTICO, MAGDALENA Y LA GUAJIRA ES INMINENTE