La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sostuvo una reunión crucial con representantes de hospitales públicos y privados de todo el país. El encuentro tuvo como objetivo abordar las crecientes preocupaciones financieras que aquejan al sector, incluyendo el riesgo inminente de cierre de servicios y las dificultades para cumplir con el pago oportuno de salarios y seguridad social de los trabajadores de la salud.

La Defensoría del Pueblo informó que a la reunión asistieron los tres principales gremios que agrupan a los hospitales del país, así como más de 15 gerentes de diversas instituciones hospitalarias de diferentes regiones. Durante el diálogo, los participantes presentaron datos y análisis detallados que evidencian los factores que están impactando severamente la operación de hospitales y clínicas en Colombia.

Entre los puntos más críticos señalados se encuentran los retrasos y déficits en los giros de recursos por parte de las EPS, lo que ha provocado un aumento significativo de la deuda y afecta directamente el pago a proveedores. Esta situación ha generado, e incluso causado, el cierre de servicios o camas, y ha impedido el cumplimiento de salarios, honorarios y seguridad social para el personal de la salud.

Asimismo, se destacó que la imposibilidad de utilizar los recursos de la UPC para saldar deudas de vigencias anteriores, los giros directos por debajo del porcentaje establecido y las nuevas exigencias informáticas que complican la facturación, están afectando severamente el flujo de caja operativo de las instituciones. Sin embargo, el factor más crítico identificado por los participantes fue la intervención o liquidación de entidades, señalando que esta medida evidencia serios problemas de eficiencia en la gestión administrativa y complica aún más la oportunidad de pagos y el reconocimiento de la cartera.

Los representantes de los hospitales alertaron que estos requisitos administrativos y los problemas financieros no solo dilatan la atención, sino que han puesto en riesgo la vida de niñas, niños y pacientes en diversas condiciones, especialmente en zonas apartadas donde las barreras geográficas y la falta de transporte dificultan el acceso a los servicios de salud. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de mantener abiertos los canales de diálogo con todos los actores del sistema para buscar soluciones que garanticen el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos.