El Consejo Nacional Electoral se dispone a definir este lunes la suerte de la candidatura presidencial de Iván Cepeda, tras la radicación de una ponencia favorable por parte de tres magistrados. El texto administrativo busca validar la presencia del senador en la consulta interpartidista de marzo, a pesar de los cuestionamientos sobre su doble participación en procesos electorales durante el mismo periodo. La decisión se espera para el mediodía, tras la sesión de la Sala Plena.

El debate se ha intensificado debido a las demandas interpuestas por congresistas y expertos electorales que alegan un impedimento jurídico expreso. Según los demandantes, la Ley 1475 prohíbe que un candidato ganador de una consulta previa, como lo fue Cepeda en octubre de 2025, se inscriba en un nuevo proceso de selección similar. Consideran que su participación actual configura un desconocimiento de las normas que rigen la selección de candidatos únicos.

A la discusión técnica se sumó una recusación formal contra el magistrado Álvaro Echeverry, radicada por el exregistrador delegado Nicolás Farfán. El recurso cuestiona la transparencia del proceso tras revelarse presuntos contactos entre el magistrado y miembros del sector político interesado. Esta situación añade una capa de complejidad al debate, pues la Sala Plena deberá resolver primero la situación del magistrado antes de proceder con la votación del fondo del asunto.

Desde la perspectiva del aspirante, las acusaciones en su contra carecen de sustento y responden a una «estrategia de la oposición» para debilitar al Pacto Histórico. Cepeda defiende su derecho a ser elegido y sostiene que su exclusión representaría un retroceso en las garantías democráticas del país. El senador ha instado a las autoridades electorales a actuar conforme a la justicia y a no permitir presiones externas en la deliberación del CNE.

Si la ponencia es aprobada, la consulta del 8 de marzo contará con al menos cuatro aspirantes confirmados, a la espera de lo que suceda con otras candidaturas en revisión. No obstante, una decisión negativa obligaría a la coalición a reestructurar su estrategia electoral a pocas semanas de las votaciones. La resolución de este caso marcará un precedente sobre la interpretación de las consultas interpartidistas en la legislación colombiana actual.