El inicio del año 2026 plantea un desafío financiero para los residentes de edificios y conjuntos bajo el régimen de propiedad horizontal en Colombia. Según Silvia Padilla, experta de la Lonja de Propiedad Horizontal, las cuotas de administración no podrán ajustarse únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), proyectado en un 5.1%, debido a que los costos operativos esenciales dependen mayoritariamente del incremento del salario mínimo legal vigente. Esta situación obligará a las asambleas de copropietarios, que se desarrollan entre enero y marzo, a evaluar reajustes que podrían oscilar entre el 15% y el 20%.

[Escuche]

La experta explicó que servicios fundamentales como la seguridad privada, la limpieza y el mantenimiento preventivo se rigen por contratos laborales sujetos al salario mínimo, el cual registra un aumento significativamente superior al IPC. Aplicar únicamente el índice de inflación, como sugirió recientemente el Gobierno Nacional, conduciría a una desfinanciación de las copropiedades, imposibilitando el pago de nóminas y el cumplimiento de contratos con empresas de vigilancia. Padilla advirtió que las administraciones pequeñas podrían enfrentar la quiebra, mientras que otros proyectos optarían por reemplazar la vigilancia humana por sistemas tecnológicos para reducir costos.

Ante este panorama, el gremio hace un llamado a los copropietarios para que revisen detalladamente las partidas presupuestales de sus edificios antes de asistir a las asambleas ordinarias. El análisis técnico sugiere que la realidad de los costos de funcionamiento debe primar sobre las expectativas inflacionarias para garantizar la sostenibilidad de los servicios de seguridad y bienestar colectivo. La falta de un ajuste acorde a los gastos reales podría derivar en la suspensión de servicios esenciales y el deterioro de la infraestructura común en megaproyectos y viviendas de interés social.