El número de integrantes de grupos armados ilegales en Colombia aumentó cerca de un 90 % durante el Gobierno de Gustavo Petro, al pasar de 15.120 miembros en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026, según un informe presentado por organizaciones de derechos humanos.

El reporte fue elaborado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, que reúne a 125 organizaciones del país.

Entre los principales datos del informe se encuentra el crecimiento del Clan del Golfo, cuyo número de integrantes habría aumentado un 152 %. La organización criminal tendría presencia en al menos 429 municipios, equivalentes al 38,8 % de los 1.103 municipios de Colombia.

Las disidencias de las antiguas FARC también registraron un incremento del 109 %, con presencia reportada en 376 municipios, mientras que la Segunda Marquetalia habría crecido un 108 %. En el caso del ELN, el aumento señalado fue del 22 %.

El documento también advierte sobre el impacto de la violencia en la población. Entre enero y agosto de 2025, al menos 544 personas murieron por hechos relacionados con explosivos, cifra que representó un incremento del 145 % frente al periodo de referencia.

En cuanto a líderes sociales y defensores de derechos humanos, las organizaciones reportaron 3.115 agresiones durante el Gobierno Petro, frente a las 3.544 registradas durante la administración de Iván Duque. Aunque el total de agresiones disminuyó un 12 %, se contabilizaron 618 asesinatos y las desapariciones forzadas aumentaron un 34 %, con 78 casos.

Las organizaciones cuestionaron los resultados de la política de ‘paz total’ y señalaron que los procesos adelantados durante el Gobierno Petro no consiguieron consolidar resultados sostenibles en los territorios, debido, entre otros factores, a dificultades de articulación institucional y a la resistencia de sectores vinculados con la ilegalidad.

Ante este panorama, las entidades hicieron un llamado al Gobierno de Abelardo de la Espriella para mantener como prioridades la defensa de los derechos humanos, la paz y la democracia. También plantearon la necesidad de combinar la negociación política con inversión social, transformación territorial y acciones contra las estructuras paramilitares y sus redes de apoyo.