Inravisión explicó este viernes las razones por las que fueron cerradas temporalmente cuatro Emisoras de Paz del Sistema de Medios Públicos, ubicadas en Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta.

Ángela María Mora Soto, gerente de Inravisión, aseguró que desde su llegada a la entidad se inició una revisión de los procesos administrativos, jurídicos y técnicos. Según la funcionaria, durante esa revisión se encontró que las cuatro emisoras comenzaron a operar en 2024 sin cumplir con todos los requisitos legales relacionados con la concesión de las frecuencias.

Mora Soto señaló que esta situación fue certificada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y explicó que el espectro radioeléctrico es un bien público de la Nación, por lo que su utilización requiere cumplir con procedimientos y autorizaciones establecidos por la ley.

La gerente reconoció la importancia que tienen estas emisoras para las comunidades donde funcionan y el papel que cumplen en los territorios, pero sostuvo que la prioridad en este momento es corregir la situación jurídica para evitar que su legitimidad pueda ser cuestionada por posibles errores administrativos.

La funcionaria también negó que el cierre temporal responda a motivos políticos o editoriales y aseguró que tampoco se trata de una medida contra las comunidades. Según explicó, la decisión busca solucionar la situación administrativa y garantizar que las emisoras puedan operar nuevamente dentro del marco legal.

Mora Soto descartó además que las Emisoras de Paz vayan a desaparecer. Afirmó que, una vez se subsanen los procesos jurídicos, las cuatro estaciones regresarán a sus territorios con una nueva programación.

“Defenderlas no puede significar pasar por encima de las normas”, sostuvo la gerente, quien insistió en que la administración de RTVC considera prioritario respetar los recursos públicos, los procedimientos establecidos y el uso legal del espectro radioeléctrico.

La entidad aseguró que el objetivo no es silenciar las voces de las comunidades, sino garantizar que puedan continuar transmitiendo desde sus territorios con respaldo jurídico y dentro de las normas establecidas.