En un hecho sin precedentes para la justicia colombiana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera sentencia condenatoria contra los siete integrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP. Los exlíderes guerrilleros fueron hallados responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad vinculados a la política de secuestro que operó sistemáticamente entre 1993 y 2012, dejando más de 21.000 hechos victimizantes en todo el territorio nacional.

Los sancionados, entre quienes figuran Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, recibieron la «Sanción Propia», la cual consiste en ocho años de trabajos y obras con contenido restaurativo. Esta condena, que representa la máxima sanción prevista en el Acuerdo de Paz para quienes aportan verdad, no implica cárcel ordinaria, pero sí impone restricciones estrictas a la libertad de residencia y movimiento, además del uso de dispositivos de vigilancia electrónica monitoreados por la Misión de Verificación de la ONU.

Durante el cumplimiento de la pena, los excomandantes deberán ejecutar proyectos específicos de reparación, entre los que destacan la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el desminado humanitario en zonas críticas y la recuperación de ecosistemas afectados por la guerra. El tribunal enfatizó que este proceso es un hito mundial, ya que es la primera vez que una cúpula guerrillera rinde cuentas por crímenes que en la justicia ordinaria mantenían una impunidad del 92%.

La sentencia también exige a los comparecientes mantener un compromiso permanente con la verdad y la no repetición. La JEP advirtió que el incumplimiento de las tareas asignadas o de los aportes de información podría derivar en la pérdida de los beneficios del sistema transicional. Con este fallo, se cierra un capítulo judicial histórico que busca no solo sancionar a los responsables, sino también brindar respuestas concretas a las miles de familias que sufrieron el flagelo del cautiverio.