La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco excomandantes de las extintas FARC por hechos relacionados con violencia sexual y violencias basadas en género ocurridos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

Los comparecientes, identificados con los alias de ‘Calixto’, ‘Ricardo’, ‘Jaime Barragán’, ‘Monín’ y ‘Leonel Páez’, fueron llamados a reconocer su responsabilidad por delitos como violación, otras formas graves de violencia sexual y persecución por motivos de género, además de crímenes de guerra como tortura y ultrajes contra la dignidad personal.

Según la JEP, la imputación se fundamenta en 68 hechos cometidos contra 35 víctimas, 30 de ellas civiles y cinco integrantes de la antigua guerrilla. Los casos fueron registrados en 17 municipios, principalmente Miranda, Corinto, Toribío, Jambaló, Caldono y Santander de Quilichao, en Cauca, y Florida, en Valle del Cauca.

La Sala de Reconocimiento atribuyó responsabilidad de mando a los cinco excomandantes por no haber ejercido un control efectivo para prevenir, investigar y sancionar las conductas cometidas por sus subordinados.

Entre las afectaciones documentadas se encuentran daños físicos y de salud reproductiva, estigmatización, pérdida de oportunidades sociales y económicas, rupturas familiares y nuevos desplazamientos. También fueron documentados hechos de persecución contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.

La JEP señaló además que estas conductas tuvieron impactos colectivos y étnico-territoriales. En comunidades Nasa, por ejemplo, la violencia sexual contra las mujeres fue descrita como una afectación a la armonía de la ‘Uma Kiwe’, mientras que en comunidades afrodescendientes se documentaron impactos sobre la espiritualidad, la organización social y las prácticas culturales.

Los cinco comparecientes tendrán 20 días hábiles para manifestar si reconocen o no su responsabilidad y responder a los requerimientos de las víctimas. En caso de aceptar los hechos y cumplir las condiciones establecidas, podrán avanzar hacia una sanción propia o alternativa, según corresponda. Si no reconocen responsabilidad, el proceso podrá continuar por la vía adversarial, que contempla penas de hasta 20 años en los casos previstos por la JEP.