La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a nueve antiguos integrantes de las FARC a reconocer su responsabilidad en graves hechos de violencia cometidos contra niños, niñas y adolescentes reclutados por esa guerrilla. Entre las conductas documentadas figuran torturas, ejecuciones sin garantías judiciales, anticoncepción forzada y abortos obligados.

La decisión identifica dos patrones de violencia dentro de la antigua organización armada. El primero corresponde a los malos tratos, torturas, castigos y ejecuciones sin procedimientos que garantizaran el derecho a la defensa. El segundo está relacionado con las violencias reproductivas ejercidas contra las mujeres y niñas que permanecieron en las filas guerrilleras.

Durante la presentación de los hallazgos en Bogotá, la magistrada Lily Rueda explicó que los menores vivían bajo un régimen de control permanente, en el que no tenían posibilidades reales de cuestionar las órdenes de sus superiores ni de abandonar la organización. La vigilancia, la obediencia impuesta y las diferencias de poder entre comandantes y combatientes marcaron sus experiencias dentro de la guerrilla.

Los nueve comparecientes señalados por su presunta responsabilidad regional son Rodolfo Restrepo, Fabián Ramírez, Floresmiro Burbano, Darío Lee, Ángel Alberto García, Luis Óscar Úsuga, Jesús Mario Arenas, Édgar López y Abelardo Caicedo. Según la JEP, tuvieron un papel determinante en el control y la aplicación de estas prácticas en sus respectivos territorios.

En la investigación sobre malos tratos, torturas y ejecuciones, la jurisdicción documentó 104 víctimas de tortura, 28 sometidas a tratos crueles y 208 personas que fueron condenadas o ejecutadas sin juicio previo o sin las garantías necesarias.

Además, 214 víctimas relataron castigos y abusos durante las actividades cotidianas, que incluían transportar leña, construir trincheras, cocinar, realizar labores de aseo y prestar guardia durante jornadas extenuantes. También se registraron sanciones por intentar comunicarse con sus familiares, comer un chocolate sin autorización o negarse a participar en actos de tortura.

Otros 68 testimonios describieron abusos durante los entrenamientos militares, en los que los menores eran obligados a cargar armamento pesado, realizar largas caminatas y manipular explosivos y minas antipersonal sin contar con la preparación necesaria. A esto se suman 81 víctimas que denunciaron haber sido llevadas a operaciones militares y expuestas al fuego enemigo sin experiencia suficiente.

En cuanto a las violencias reproductivas, al menos 156 mujeres reportaron haber sido sometidas a métodos anticonceptivos de manera forzada, mientras que otras 91 denunciaron abortos obligados. La JEP también estableció que los castigos impuestos dentro de la organización incluían trabajos forzados, aislamiento, agresiones físicas, humillaciones y fusilamientos.

Los nueve antiguos integrantes tendrán un plazo de 30 días para responder a los señalamientos y reconocer o rechazar su responsabilidad. Si no aceptan los cargos, sus procesos podrán pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y, en caso de ser acusados y condenados en juicio, podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.

Ocho de los nueve comparecientes ya habían sido llamados por la jurisdicción en abril pasado por su presunta responsabilidad regional en el reclutamiento y utilización de menores.

De acuerdo con las cifras de la JEP, entre 1971 y 2016 las antiguas FARC reclutaron al menos a 18.677 niños, niñas y adolescentes. El Caso 07 registra 11.319 víctimas acreditadas, de manera individual y colectiva, y acompaña la búsqueda de 533 menores reclutados que continúan desaparecidos.