La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a diez antiguos mandos de las extintas FARC por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra cinco pueblos indígenas de las regiones de la Amazonía y la Orinoquía entre 1996 y 2016. La decisión fue adoptada el 12 de octubre por la Sala de Reconocimiento de Verdad y conocida públicamente este martes.
Entre los comparecientes señalados figuran tres antiguos integrantes del Secretariado de las FARC: Milton de Jesús Toncel Arredondo, conocido como ‘Joaquín Gómez’; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias ‘El Médico’, y Julián Gallo, identificado como ‘Carlos Antonio Lozada’.
La investigación documentó 1.134 victimizaciones contra los pueblos Nükak Baká, Korebajü o Koreguaje, Siona o Zio Bain, Hitnü y Jiw, comunidades que en conjunto suman 10.073 personas. De los hechos registrados, 598 fueron atribuidos al antiguo Bloque Sur y 536 al Bloque Oriental de esa guerrilla.
La JEP identificó dos patrones de violencia. El primero estuvo relacionado con ataques contra la autonomía, la cultura y las formas de gobierno propio de las comunidades indígenas, mediante agresiones contra autoridades tradicionales, líderes, docentes y médicos ancestrales a quienes los integrantes de las FARC consideraban contrarios a sus intereses o señalaban de colaborar con sus adversarios.
Uno de los hechos documentados ocurrió el 25 de julio de 1997 en el resguardo de San Luis, en el municipio de Milán, Caquetá. Según la investigación, integrantes de los frentes 15 y 49 separaron a los miembros de la comunidad siguiendo una lista y asesinaron a siete autoridades, líderes y comuneros, entre ellos el cacique Reimundo Figueroa y dos docentes.
El segundo patrón corresponde a crímenes cometidos en el contexto de las hostilidades, entre ellos homicidios, desplazamientos forzados, uso de minas antipersonal y acciones que ocasionaron daños ambientales. Dentro de los casos analizados está el de María Eloísa Yaiguaje Payaguaje, sabedora ancestral del pueblo Siona, quien murió en diciembre de 2012 al pisar una mina antipersonal.
La imputación incluye delitos como exterminio, asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso, tortura y persecución, además de crímenes de guerra relacionados con las hostilidades. La jurisdicción atribuyó a los comparecientes responsabilidad como coautores mediatos a través de aparatos organizados de poder y, en algunos casos, responsabilidad de mando, al considerar que no ejercieron control efectivo sobre sus subordinados ni adoptaron medidas para prevenir o sancionar los crímenes.
La JEP sostuvo que la violencia no solo provocó muertes, desapariciones y desplazamientos, sino que también afectó los territorios, los lugares sagrados, las prácticas culturales y el equilibrio espiritual de los pueblos indígenas. La decisión hace parte del proceso de esclarecimiento de los daños causados durante el conflicto armado a estas comunidades.