Rodrigo Tovar Pupo, conocido como alias Jorge 40 y exjefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptó su responsabilidad en 22 hechos delictivos que dejaron 145 víctimas entre 1999 y 2005 en Valledupar y otros municipios del Cesar, según informó la Fiscalía General de la Nación este lunes 19 de octubre.

Ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Tovar Pupo reconoció su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. El exparamilitar se acogió a sentencia anticipada dentro de un proceso regido por la Ley 600 de 2000.

Entre los hechos documentados se encuentran cinco homicidios colectivos. Uno ocurrió el 11 de diciembre de 1999 en el corregimiento La Meza, en Valledupar, donde fueron asesinadas cinco personas. Otro se registró el 30 de mayo de 2001 en el sector Los Tupes, municipio de San Diego, con seis víctimas. También se incluyen los ataques en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño, en Valledupar, el 13 de enero de 2001, que dejaron nueve personas muertas, y las incursiones armadas en Lamas Verdes, jurisdicción de Curumaní, entre el 4 y el 7 de diciembre de 2005, donde fueron asesinadas 20 personas.

La investigación también documentó los homicidios de 20 integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo y Arhuaco, entre ellos líderes comunitarios y menores de edad. De acuerdo con la Fiscalía, estos crímenes ocasionaron graves afectaciones a las comunidades, sus territorios, sus formas de vida y sus prácticas culturales y espirituales.

El ente investigador señaló que los hechos estarían relacionados con un patrón de amenazas, desplazamientos, torturas y homicidios contra personas que se oponían a la presencia paramilitar en la región. La destrucción de viviendas y bienes también habría afectado los medios de subsistencia y la organización colectiva de las comunidades.

La aceptación de cargos será remitida a un juzgado especializado, que deberá determinar la pena correspondiente. La actuación hace parte de la estrategia de la Fiscalía para avanzar en la terminación anticipada de procesos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos.