Siete exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fueron judicializados por su presunta participación en un entramado de corrupción que afectó la contratación destinada a la atención de la primera infancia y mujeres gestantes en Riohacha y Manaure. Las actividades investigativas de la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia el direccionamiento y apropiación de recursos en programas dirigidos a grupos étnicos y comunidades rurales de la región.  

Los hechos irregulares se relacionan con tres contratos suscritos por la seccional La Guajira del ICBF entre febrero y diciembre de 2019, los cuales tenían por objeto la atención de población vulnerable bajo un enfoque diferencial. Según el material probatorio, los señalados habrían aprobado actas de revisión y pagos con sobrecostos a favor de una asociación privada, utilizando documentos que registraban incrementos inusuales en el valor de las raciones alimentarias.  

La investigación señala que estas maniobras financieras presuntamente sirvieron para inflar los informes presentados ante el ICBF, lo que habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos. Los soportes incluían cobros por productos perecederos, carnes y verduras con precios presuntamente alterados para solicitar el desembolso de más dinero.  

Ante estos hallazgos, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional La Guajira imputó a los involucrados, según su posible participación individual, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.