La situación de los habitantes de los conjuntos residenciales Colina Campestre 1 y 2 vuelve a estar en el centro de una disputa judicial, luego de que el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla avanzara en el cumplimiento de la sentencia que ordena la reubicación de las familias que ocupan los 345 apartamentos del complejo.

El abogado Roberto Tapia, quien representa a los propietarios, explicó que la acción popular fue presentada en 2009 y que, después de varios años de proceso, el Tribunal Administrativo del Atlántico, en segunda instancia, ordenó la demolición de las 27 torres, la evacuación de los habitantes y su reubicación en viviendas nuevas, en otro lugar y con condiciones iguales o superiores. La decisión fue posteriormente confirmada por el Consejo de Estado. 

Según Tapia, la decisión que acaba de ser notificada al Distrito establece que se debe comenzar con el pago de los arriendos y la salida de las familias, debido a las condiciones de riesgo de las edificaciones. El jurista sostuvo que actualmente se discute cuál debe ser el valor de ese auxilio, pues los propietarios consideran insuficiente el monto que se ha venido reconociendo.

La sentencia establece una ruta que contempla la evacuación, el pago de subsidios de arrendamiento, la demolición de las estructuras y la construcción de nuevas viviendas en un sitio diferente. En 2024, el Tribunal había señalado que el proceso debía avanzar hacia la reubicación de las familias y la construcción de unidades de iguales o mejores condiciones. 

Sin embargo, ante las dificultades para ejecutar la sentencia en los términos originales, los propietarios plantearon como alternativa que el Distrito adquiera directamente los 345 apartamentos. Tapia aseguró que su propuesta está estimada en $80.000 millones, equivalente a unos $232 millones por inmueble, mientras que, según sus cálculos, cumplir integralmente la sentencia mediante la construcción de nuevas viviendas podría superar los $220.000 millones.

El Distrito, por su parte, ya había informado que solicitó a la Lonja los avalúos de los 345 apartamentos de Colina Campestre 1 y 2, con el objetivo de establecer su valor y avanzar en un eventual proceso de adquisición. La Alcaldía señaló que busca una solución definitiva para las familias mediante actuaciones técnicas y jurídicas. 

Tapia sostuvo que los propietarios están dispuestos a discutir una salida mediante la compra de sus apartamentos, pero aseguró que el valor planteado por ellos no puede ser inferior a los $232 millones por unidad. Mientras avanzan las conversaciones, el proceso judicial continúa bajo seguimiento del Juzgado Cuarto Administrativo.

La preocupación de fondo, según el abogado, está relacionada con las condiciones de seguridad de las estructuras y la necesidad de avanzar con la evacuación. El caso permanece bajo vigilancia de entidades como la Personería Distrital y la Defensoría del Pueblo, mientras se espera que el Distrito cumpla las órdenes impartidas dentro del proceso.