Una decisión de la Juez 34 de Familia de Bogotá puso límites a las operaciones aéreas ofensivas contra grupos armados cuando exista información sobre la posible presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados.

La medida fue adoptada al resolver una acción de tutela presentada por Ower Jimmy Borda Parra, quien actuó como agente oficioso de menores reclutados o utilizados por grupos armados.

En el fallo, la juez ordenó al presidente Abelardo De La Espriella, al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares abstenerse de realizar bombardeos sobre objetivos cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores. Las operaciones solo podrían avanzar después de evaluar las medidas de precaución y protección y determinar que no existe una alternativa menos lesiva para alcanzar el objetivo militar.

La decisión también exige a las autoridades aplicar el interés superior de los menores y los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos en las normas nacionales e internacionales sobre protección de la niñez en medio del conflicto armado.

El fallo se conoce días después de un bombardeo realizado el 27 de agosto contra una disidencia de las FARC en Guaviare, en el que murieron diez personas. Según Medicina Legal, al menos tres de las víctimas eran menores de edad.

Pese a la identificación de los menores entre las víctimas, el Gobierno defendió las operaciones militares. La nueva decisión judicial establece ahora condiciones para este tipo de acciones cuando existan indicios sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes.