Juliana Guerrero presentó su renuncia irrevocable como delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), en medio de las investigaciones que enfrenta por un presunto caso de corrupción relacionado con la gestión de contratos estatales.

A través de una carta divulgada por sus abogados, Guerrero explicó que tomó la decisión para dedicar su tiempo a atender los procesos judiciales y responder a los señalamientos en su contra. Además, aseguró que comparecerá ante las autoridades y colaborará con las investigaciones para esclarecer los hechos.

La dimisión se produce luego de que la Fiscalía General de la Nación abriera una investigación contra Juliana y su hermana Verónica Guerrero, tras denuncias que las vinculan con el presunto cobro de millonarias comisiones a empresarios a cambio de facilitar contratos con entidades del Estado.

De acuerdo con las investigaciones conocidas, los hechos se remontan a 2024, cuando varios empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander aseguraron haber entregado dinero con el fin de obtener contratos en ministerios como Vivienda, Ambiente, Igualdad e Interior, así como en la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Colombia en Paz.

En la carta de renuncia, Juliana Guerrero afirmó que su situación personal no debe afectar ni a la Universidad Popular del Cesar ni al Gobierno Nacional, y calificó como injustos los señalamientos que ha recibido desde distintos sectores políticos.

La exfuncionaria también enfrenta otro proceso judicial por la presunta presentación de un título universitario falso para acreditar estudios en Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, caso por el cual la Fiscalía ya le había imputado cargos.