La creación de la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia está más cerca de convertirse en realidad luego de avanzar en su trámite legislativo en el Congreso de la República, donde actualmente cursa su tercer debate.
La iniciativa busca crear juzgados y tribunales agrarios y rurales en todo el país con el objetivo de atender de manera especializada los conflictos relacionados con la tierra, la producción agraria y las disputas en zonas rurales.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el proyecto representa una de las principales promesas del presidente Gustavo Petro y permitirá resolver problemáticas históricas del campo colombiano.
Según explicó el funcionario, la nueva jurisdicción contará con jueces especializados para atender conflictos de pertenencia, titularidad de tierras y disputas rurales, contribuyendo al fortalecimiento de la presencia del Estado en los territorios y a la construcción de paz.
El proyecto contempla además la creación de centros de servicios judiciales y administrativos de apoyo técnico agrario y rural, que brindarán acompañamiento especializado y soporte pericial a las comunidades campesinas.
La propuesta también incluye facilitadores agrarios y rurales encargados de orientar a los ciudadanos en el acceso a la justicia relacionada con asuntos de tierras y procesos de selección por méritos para funcionarios especializados en derechos campesinos, enfoques étnicos, de género y territoriales.
Entre los principales conflictos que atenderá esta jurisdicción se encuentran los relacionados con uso y tenencia de la tierra, contratos agrarios, ocupaciones de hecho, posesión de predios rurales, servidumbres agrarias y actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras.
La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia será la máxima instancia para asuntos entre particulares, mientras que el Consejo de Estado atenderá las controversias entre ciudadanos y el Estado.
El Gobierno Nacional aseguró que esta iniciativa forma parte de una política integral de tierras, formalización y restitución liderada por el Ministerio de Agricultura para mejorar las condiciones de vida en el campo colombiano.
