En un nuevo capítulo de la disputa legal entre dos de las figuras políticas más prominentes del país, la justicia colombiana volvió a fallar a favor de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La decisión ratifica que el presidente Gustavo Petro incumplió con las órdenes judiciales previas que le exigían retractarse de las afirmaciones en las que la vinculaba con actividades de narcotráfico y paramilitarismo. El tribunal determinó que las declaraciones del mandatario carecían de sustento probatorio y vulneraron el derecho al buen nombre y la honra de la exfuncionaria.

El conflicto jurídico se remonta a una serie de pronunciamientos públicos y publicaciones en redes sociales donde el hoy jefe de Estado calificó a Ramírez como una «socia comercial» de figuras vinculadas a economías ilícitas. Pese a que en instancias anteriores se había ordenado una rectificación clara y precisa, el tribunal consideró que las respuestas dadas por el presidente no cumplieron con los estándares de veracidad y humildad procesal requeridos, siendo percibidas más como una reiteración de su postura que como una corrección de la información falsa.

Con esta resolución, el poder judicial reafirma los límites de la libertad de expresión, incluso para el máximo cargo del Ejecutivo, enfatizando que el ejercicio del poder no exime de la responsabilidad de emitir información verificable. Para Ramírez, este fallo representa una victoria significativa en su esfuerzo por limpiar su trayectoria pública de los señalamientos que la relacionaban con estructuras criminales. Por su parte, la Casa de Nariño no ha emitido un nuevo pronunciamiento oficial sobre cómo procederá ante esta ratificación definitiva.