La Fundación Ideas para la Paz (FIP) presentó un informe en el que concluye que la política de Paz Total del Gobierno del presidente Gustavo Petro dejó más costos que beneficios y no logró reducir la violencia ni avanzar en la desmovilización de los grupos armados ilegales.

El documento señala que durante el cuatrienio las organizaciones armadas pasaron de cerca de 15.120 integrantes en 2022 a aproximadamente 29.000 en julio de 2026, lo que representa un incremento cercano al 90 %. Según la FIP, este crecimiento estuvo acompañado por un aumento del desplazamiento forzado, el secuestro, el confinamiento, el reclutamiento de menores y las disputas entre estructuras criminales.

El informe también cuestiona la efectividad de las nueve mesas de diálogo impulsadas por el Gobierno, al considerar que la mayoría de los acuerdos no se tradujeron en resultados concretos sobre el terreno ni permitieron avances significativos hacia el desarme o el sometimiento de los grupos ilegales.

Asimismo, la fundación aseguró que medidas como los ceses al fuego, la suspensión de bombardeos y la falta de respuestas contundentes frente a hechos violentos favorecieron la expansión territorial de estas organizaciones. También advirtió que las transformaciones territoriales acordadas con grupos armados generaron riesgos al otorgarles un papel de interlocutores frente al Estado mientras mantenían control sobre las comunidades.

Como conclusión, la FIP afirmó que ningún grupo armado completó un proceso de desmovilización durante la implementación de la Paz Total y recomendó que futuras negociaciones cuenten con un marco jurídico sólido, reglas claras, una adecuada caracterización de las organizaciones ilegales y una estrategia de seguridad que respalde los procesos de diálogo.