La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha declarado que la reciente sentencia restaurativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que condena a 12 exmilitares por crímenes de guerra y de lesa humanidad, ayuda a superar las «posturas negacionistas». Según un comunicado de la Oficina, estas posturas revictimizan a quienes han sufrido graves violaciones de derechos humanos, causando más dolor.

La JEP impuso penas de entre cinco y ocho años a los exmilitares, quienes fueron hallados responsables de 135 asesinatos cometidos en el norte de Colombia entre 2002 y 2005. El representante en Colombia de la ONU, Scott Campbell, subrayó la importancia de articular y dialogar con los sistemas de justicia étnicos para la dignificación de las víctimas y la restauración de sus derechos.

La sentencia, que se considera la primera de su tipo por la JEP (creada tras el acuerdo de paz de 2016 con las FARC), reconoce la victimización desproporcionada de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, así como la de los consejos comunitarios Kusuto MaGende y José Prudencio Padilla.

Los condenados, todos miembros del Batallón de Popa, deberán participar en proyectos restaurativos, como la construcción y mantenimiento de memoriales y centros culturales, o colaborar en obras de infraestructura y adecuación de espacios productivos con las comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas.