El ministro del Interior, Rodrigo Lara, denunció ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría presuntas irregularidades en contratos de la Dirección Nacional de Bomberos durante la administración de Gustavo Petro. Según explicó el funcionario, la revisión hace parte de una auditoría forense que analiza contrataciones realizadas bajo una declaratoria de emergencia por las inundaciones que afectaron a ocho departamentos. 

De acuerdo con Lara, de los $42 mil millones contratados bajo la figura de urgencia manifiesta, solo $313 millones habrían sido destinados directamente a atender las inundaciones. El ministro cuestionó que los demás recursos se utilizaran para adquirir elementos como trajes para incendios, equipos de respiración y materiales para atender sustancias peligrosas, pese a que, según su denuncia, estos elementos no tendrían relación directa con la emergencia que permitió la contratación sin licitación. 

Uno de los contratos señalados corresponde al proceso 076, suscrito con la empresa barranquillera MAC Soluciones, que inicialmente tenía un valor de $16 mil millones y posteriormente habría aumentado a $24 mil millones mediante una adición de $8 mil millones. Lara aseguró que el contrato se firmó seis semanas después de declarada la emergencia y que establecía un plazo de 90 días para la entrega de los equipos. 

El ministro también afirmó que en una primera factura se cobraron 744 equipos, mientras que al almacén de Bomberos habrían ingresado 670. Además, señaló que posteriormente se certificó la recepción de cascos, trajes y equipos de respiración, pero que esos mismos elementos quedaron almacenados en las bodegas del contratista. Dos días después, según Lara, se facturaron $5.600 millones. 

Lara cuestionó además que parte de los pagos se hubiera realizado durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales y pidió a las autoridades determinar el destino de los recursos. El ministro indicó que también se solicitó la intervención del Consejo Nacional Electoral y de la UIAF para establecer si existió algún vínculo entre los recursos y actividades electorales, aunque aclaró que no puede afirmar responsabilidades mientras avanzan las investigaciones. 

La auditoría del Ministerio del Interior se extenderá a otros contratos y, según Lara, el monto total de los procesos bajo revisión podría llegar a $62 mil millones. Las denuncias deberán ser evaluadas por los organismos de control y las autoridades judiciales correspondientes.