La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios de la Costa Caribe expresó su preocupación por el impacto que podrían tener las medidas relacionadas con el consumo de energía eléctrica y la destinación de recursos públicos para atender las deudas de la empresa Air-e con los generadores.

Según la organización, alrededor de 758.000 usuarios del Caribe colombiano, entre familias y micro, pequeñas y medianas empresas, podrían verse afectados por las disposiciones contempladas en las resoluciones CREG 101 120 y 101 126 de 2026. De acuerdo con las cifras citadas por la Liga, los usuarios corresponderían a 400.000 de Afinia, 258.000 de Air-e y 100.000 de Energuía, lo que representaría a más de tres millones de personas.

La organización advirtió que estas medidas contemplan consecuencias económicas para los usuarios que superen determinados niveles de consumo de energía, por lo que manifestó su inquietud frente a los efectos que podrían tener en los presupuestos de los hogares y en los costos de operación de los pequeños negocios. Asimismo, señaló que existen cuestionamientos sobre la aplicación de estas disposiciones.

Otra de las preocupaciones está relacionada con el proyecto de ley que contempla un traslado presupuestal de 1,2 billones de pesos para abonar a las deudas de Air-e con las empresas generadoras de energía, obligaciones que, según la Liga, rondarían los tres billones de pesos.

La organización cuestionó que los recursos previstos para esta operación provendrían de partidas destinadas a los subsidios de energía de los estratos 1, 2 y 3. Ante este escenario, planteó interrogantes sobre la disponibilidad de recursos para garantizar el pago de los subsidios durante los últimos meses de 2026 y sobre las implicaciones que tendría esta decisión para las empresas comercializadoras que esperan dichos desembolsos.

Estos asuntos serán abordados durante una audiencia pública de la Comisión Quinta del Senado, prevista para esta semana en Barranquilla, a la que fue invitada la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, con la participación de sus voceros.

La organización espera que este espacio permita discutir las medidas relacionadas con el consumo de energía, sus posibles efectos sobre los usuarios de la región Caribe y la destinación de los recursos públicos para atender las obligaciones financieras de Air-e.