La Liga de Usuarios de Servicios Públicos ha expresado su postura frente a la reciente decisión de la empresa de energía Aire de implementar un cobro opcional de la tasa de seguridad en sus facturas. Norman Alarcón, vocero de la Liga, señaló que si bien la empresa permitirá a los usuarios elegir si pagan o no esta tasa, la organización considera que los cobros en las facturas de energía deben corresponder únicamente al consumo eléctrico para evitar distorsiones en el monto final a pagar.
Alarcón también advirtió que la eliminación del cobro obligatorio de la tasa de seguridad no implicará una reducción en la tarifa de energía, la cual sigue siendo una de las más elevadas a nivel nacional, situándose en 943 pesos el kilovatio hora. Subrayó que, aunque Aire ofrecerá la opción de no pagar la tasa, no se niega a cobrarla, dejando la decisión en manos del usuario.
La Liga de Usuarios recordó que el año pasado ya había manifestado que estos cobros deberían ser objeto de acuerdo y concertación entre la empresa Aire y la Gobernación del Atlántico, sugiriendo que los convenios previos deberían ser revisados para dar mayor legalidad a la medida implementada.
En otro orden de ideas, Alarcón se refirió a la mesa de trabajo convocada por la Procuraduría General de la Nación con la Superintendencia de Servicios Públicos y la empresa Aire para abordar temas cruciales como la intervención, las deudas, la opción tarifaria y los recursos adeudados por subsidios. La Liga de Usuarios considera esta reunión de gran importancia para aclarar las significativas deudas que el Gobierno Nacional tiene con Aire en concepto de subsidios otorgados a los estratos 1, 2 y 3, cuyo pago se encuentra considerablemente retrasado.
Asimismo, se mencionó la deuda superior al billón de pesos que Aire tiene con las empresas generadoras de energía tras la intervención, situación que contrasta con las declaraciones iniciales del Ministro de Minas. Los generadores han presentado sus cuentas, evidenciando la falta de pago por la energía suministrada.
La Liga de Usuarios lamentó que, a pesar de los ocho meses de intervención, la Superintendencia de Servicios Públicos no haya utilizado el Fondo Empresarial para inyectar recursos a Aire, a diferencia de lo ocurrido en la intervención de Eléctrica Aire en el pasado.
Finalmente, Norman Alarcón se hizo eco de un informe de Fedesarrollo que prevé un posible aumento de hasta el 90% en las tarifas de gas para el año 2026, debido a la disminución de la producción nacional y el aumento de las importaciones, cuyo costo es significativamente mayor. Criticó la política del gobierno actual de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y petróleo, lo que obliga a la importación para cubrir la demanda nacional. Alertó sobre el impacto que este aumento en el gas podría tener también en las tarifas de energía eléctrica, dado que parte de este gas se utiliza en las termoeléctricas.