Las negociaciones para fijar el salario mínimo de 2026 en Colombia se iniciaron formalmente en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con una marcada diferencia entre las propuestas presentadas por las centrales obreras y los gremios empresariales.

Las organizaciones sindicales propusieron un incremento del 16% para el salario mínimo y el auxilio de transporte. De aprobarse, esta cifra elevaría el salario mínimo a $1.601.260, con un auxilio de transporte de $232.000, para un total de $1.833.260. Su justificación se basa en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, citando la inflación causada y esperada, la productividad, y el impacto del alto costo de vida en áreas sensibles como salud y vivienda.

En contraste, el sector empresarial planteó un ajuste del 7,21%, lo que representaría un incremento total de $102.634. Con este porcentaje, el salario mínimo se fijaría en $1.536.134, y el auxilio de transporte en $214.420, sumando un total de $1.740.554. Los empresarios argumentan que su propuesta está anclada en los indicadores macroeconómicos y busca un aumento responsable que no ponga en riesgo el empleo ni la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

A pesar de la considerable brecha, el Ministerio de Trabajo, actuando como mediador, valoró positivamente el inicio de las conversaciones. El ministro Sanguino destacó que la presentación formal y por escrito de la propuesta de los gremios empresariales es un hecho que no se había dado en años anteriores y que contribuye a un ambiente de diálogo más transparente y respetuoso.

El jefe de la cartera laboral interpretó la amplia diferencia inicial como una oportunidad para el diálogo, señalando que el gran margen permite un terreno de discusión para buscar acuerdos que beneficien a los más de 12 millones de trabajadores que devengan el salario mínimo.

Adicionalmente, en la sesión se abordó la discusión sobre la desindexación del salario mínimo. El Gobierno Nacional reafirmó su intención de avanzar en la desindexación de los costos asociados a la Vivienda de Interés Social y Prioritario (VIS y VIP), contando con el respaldo del Ministerio de Hacienda. Por su parte, las centrales sindicales solicitaron incluir también la desindexación de los servicios públicos, específicamente el de agua potable, debido a su impacto en las cifras inflacionarias recientes. La Comisión de Concertación tiene como plazo máximo el 15 de diciembre para alcanzar un acuerdo tripartito.