El Gobierno nacional avanza en la proyección de un nuevo borrador del Código Nacional de Tránsito, una actualización que busca responder a los cambios que ha tenido el país durante los últimos 20 años en materia de movilidad, tecnología y crecimiento del parque automotor.

El experto en seguridad vial Isidro Ruiz explicó que uno de los principales cambios que debería contemplar la nueva normativa es la implementación de la licencia de conducción por puntos, de manera que las infracciones generen pérdida de puntos y, al alcanzar determinados límites, puedan producir la suspensión temporal o definitiva de la licencia.

Ruiz también planteó modificar la forma en que se calculan las multas de tránsito, debido a que actualmente están vinculadas al salario mínimo. A su juicio, deberían establecerse tarifas anuales que sean suficientemente fuertes para generar un efecto en el comportamiento de los conductores, pero que no terminen convirtiéndose en sanciones impagables.

El experto consideró que, en lugar de depender de descuentos por realizar cursos, podría establecerse un sistema en el que las multas tengan un valor inicial razonable y aumenten si no son pagadas dentro de un plazo determinado. Las infracciones más graves, como conducir en estado de embriaguez, pasar un semáforo en rojo o irrespetar una señal de pare, deberían mantener sanciones más severas.

Otro de los aspectos que debería revisarse es la formación para obtener la licencia. Ruiz propuso que las clases teóricas puedan realizarse también de manera virtual, manteniendo la presencialidad para las prácticas de conducción. Esto permitiría facilitar el proceso a personas que trabajan o tienen dificultades para asistir diariamente a un centro de formación.

También cuestionó que en algunos casos se utilicen terceros para realizar cursos o asumir infracciones que no cometieron, debido a las dificultades que existen para identificar plenamente al conductor responsable de una infracción.

En cuanto a la inmovilización de vehículos, el experto señaló que debe existir mayor claridad sobre cuándo procede esta medida y criticó posibles abusos relacionados con los cobros de patios y grúas. Explicó además que la multa y la inmovilización son procedimientos diferentes: una persona puede recuperar su vehículo una vez cumpla los requisitos correspondientes y pague los servicios de grúa y parqueadero, mientras que el comparendo puede quedar pendiente.

Ruiz también destacó la necesidad de revisar las tarifas de los patios y las grúas, así como garantizar que las empresas responsables cumplan con las pólizas que deben proteger los vehículos inmovilizados frente a daños o pérdidas.

Sobre la vigencia de las licencias, recordó que estas dependen de la categoría y de la edad del conductor. Las licencias de servicio particular tienen una vigencia de 10 años, mientras que después de los 60 años se renuevan por periodos más cortos y, desde los 80 años, deben renovarse anualmente. En el caso de las licencias de servicio público, la renovación se realiza cada tres años y existen condiciones especiales para los conductores de mayor edad.

Finalmente, el experto consideró que la revisión técnico-mecánica debe mantenerse, pero con controles más profundos. Según explicó, además de verificar frenos y suspensión, deberían revisarse componentes ubicados debajo del vehículo que podrían representar riesgos para la seguridad y que no siempre son detectados durante una inspección convencional.

La eventual actualización del Código Nacional de Tránsito buscaría adaptar las normas a las nuevas condiciones de movilidad del país y fortalecer tanto la prevención como los mecanismos de control y sanción.