Los obispos de Colombia han convocado a una importante reunión en la Curia Arzobispal este lunes, con el fin de que el presidente Gustavo Petro y otras altas autoridades del Estado discutan y alcancen acuerdos mínimos para rechazar la violencia y «desarmar la palabra». Así lo informó la Conferencia Episcopal Colombiana.
Además del presidente Petro, la invitación se extendió a los presidentes del Senado, Efraín Cepeda; de la Cámara de Representantes, Jaime Salamanca; de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez; de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro; y del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez. También fueron convocados la fiscal general, Luz Adriana Camargo; el procurador general, Gregorio Eljach; el contralor general, Carlos Rodríguez; la defensora del Pueblo, Iris Marín, y el registrador nacional, Hernán Penagos.
En la invitación, divulgada por medios locales, la Conferencia Episcopal instó a todo el país a «valorarnos y respetarnos como hermanos, a desarmar y armonizar la palabra, y a rechazar todo tipo de violencia como forma de resolver los conflictos políticos y sociales». El objetivo central de la reunión, según los obispos, es «construir juntos una invitación al país para comprometernos en desarmar y armonizar la palabra y rechazar la violencia».
El encuentro se produce en un contexto de profunda conmoción nacional, tras el atentado del 7 de junio contra el senador y precandidato del partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá, recuperándose de heridas de bala en la cabeza y la pierna izquierda. «Elevamos una oración por la vida de Miguel Uribe Turbay y por quienes hoy sufren a causa de la violencia. Acompañamos a sus familias en este momento de dolor», expresaron los obispos en la invitación.
Esta cita de alto nivel se realiza un día después de la «Marcha del Silencio», una movilización que se llevó a cabo en más de 20 ciudades de Colombia en respuesta al atentado contra el político y a la oleada terrorista que, tres días después, dejó ocho muertos y más de 80 heridos en el suroeste del país.
Asimismo, la reunión coincide con un momento de crispación política generado por el decreto presidencial de Petro que convocó para el 7 de agosto una consulta popular sobre su reforma laboral, iniciativa ya rechazada por el Senado y que ha suscitado numerosas advertencias sobre su posible inconstitucionalidad.