La declaratoria de emergencia invernal emitida recientemente por la Gobernación del Atlántico, con el objetivo de agilizar obras de mitigación en el Canal del Dique a cargo de la firma Sacyr, enfrenta un panorama incierto y de profunda preocupación en el sur del departamento. Según Gustavo de la Rosa, líder comunitario del municipio de Suán, estas obras están paralizadas debido a la exigencia de estudios de impacto ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), un requisito que no se había mencionado inicialmente.
De la Rosa, quien realizó un recorrido por la zona y conversó con funcionarios de Sacyr en Calamar, indicó que la empresa está a la espera de la autorización de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad contratante, para poder iniciar los trabajos. Esta situación genera incertidumbre, ya que, según los cálculos, la expedición de la licencia ambiental y los estudios necesarios podrían tardar hasta 14 meses, lo que implicaría que las obras no se iniciarían durante el actual periodo presidencial.
Adicionalmente, el líder comunitario expresó una gran preocupación por las recientes declaraciones del Presidente de la República, quien, en un Consejo de Ministros, habría calificado la obra del Canal del Dique como un beneficio para los «ricos de Cartagena» y habría sugerido que su financiación debería provenir de ellos, posiblemente a través de impuestos de valorización. De la Rosa lamentó estas expresiones, argumentando que la obra beneficia directamente a las comunidades vulnerables del Atlántico y Bolívar, y que los predios cercanos al canal no pertenecen a grandes hacendados o empresas adineradas, sino a personas de escasos recursos. Destacó que las únicas grandes empresas en la zona son las refinerías, cuya naturaleza estatal las vincula a la riqueza nacional.
La comunidad del sur del Atlántico teme que estas declaraciones impliquen una condicionalidad en la ejecución de las obras, lo que los dejaría expuestos a posibles inundaciones como las ocurridas en 2010, que dejaron imágenes devastadoras.
De la Rosa también señaló que, aunque se construyó un dique paralelo a la vía que conduce del puente de Calamar a Villarosa después de la tragedia de 2010, existe un tramo frente a la caseta 6 del distrito de riego que no fue incluido en los inventarios de intervención de Sacyr por parte del Fondo de Adaptación. Este tramo es motivo de particular inquietud, ya que históricamente ha sido un punto vulnerable a las rupturas del canal. Se ha solicitado al gobernador del Atlántico y a las autoridades de infraestructura y gestión de riesgo que intercedan ante la ANI para que Sacyr intervenga este segmento vial.
Ante la falta de respuestas claras y la preocupación creciente, las comunidades del sur del Atlántico, a través de sus líderes, planean buscar el apoyo de los parlamentarios del departamento y del gobernador para presionar al Gobierno Nacional y a la ANI para que se agilicen los trámites y se garantice la ejecución de las obras sin condicionamientos que afecten a la población más vulnerable.
