La comunidad pesquera de los municipios de Luruaco, Repelón, Manatí y Sabanalarga manifestó su profunda preocupación ante la continua aparición de peces muertos en el embalse del Guájaro, especialmente en el sector del corregimiento de la Peña. Humberto Correa, líder comunitario de Luruaco, denunció que la situación afecta la seguridad alimentaria y los ingresos de aproximadamente 2,000 familias que dependen de la pesca artesanal. Los habitantes describen un cuerpo de agua «enfermo», con presencia de lodos, malos olores y una drástica disminución en la captura de especies nativas.
Según los líderes locales, el embalse padece una acumulación crítica de sedimentos y la entrada de elementos tóxicos provenientes de actividades industriales y mineras aledañas, así como de basuras arrastradas por arroyos. Ante este panorama, los pescadores solicitaron a la Gobernación del Atlántico la apertura de las compuertas para permitir la oxigenación y limpieza del sistema hídrico. Asimismo, exigieron que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) realice estudios físico-químicos profundos para determinar el origen exacto de la toxicidad que está diezmando la fauna íctica.
La crisis ha puesto de manifiesto una presunta inoperancia de las administraciones municipales en la aplicación de la Ley 2175, la cual establece medidas para la protección y recuperación del embalse. Correa señaló que existe una «apatía institucional» por parte de la mayoría de los alcaldes de la zona de influencia, quienes no han integrado el cuerpo de agua en sus políticas de desarrollo turístico o agroalimentario. La comunidad hizo un llamado urgente al Ministerio de Ambiente y a la Procuraduría Agraria para que intervengan y garanticen la preservación de este ecosistema estratégico.
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Por su parte, la CRA confirmó tras una visita técnica que la mortandad se debe a una alta carga orgánica generada por vertimientos de aguas residuales y una inadecuada disposición de residuos sólidos en el sector de la Peña. La bióloga de la entidad, Ayari Rojano, explicó que esta contaminación reduce drásticamente los niveles de oxígeno disuelto en el agua, especialmente durante las horas nocturnas, provocando el deceso masivo de los ejemplares. Esta conclusión técnica coincide con las denuncias de los pobladores sobre el deterioro de la calidad del recurso hídrico.
Como medida de mitigación, se ha planteado la necesidad de intensificar el «Plan Pescado» y ejecutar proyectos de desintoxicación del embalse para recuperar la economía popular. Los líderes comunitarios resaltaron la urgencia de proyectos que mejoren las condiciones químicas del agua, mencionando inversiones proyectadas por el orden de los 17,000 millones de pesos para cuerpos de agua cercanos. La meta de los habitantes es lograr un equilibrio ambiental que permita a las generaciones venideras retomar la pesca como una actividad digna y sostenible en el departamento.
