El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció su intención de denunciar a Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, ante la Corte Penal Internacional (CPI). La denuncia se centraría en la presunta violación del Estatuto de Roma por el reclutamiento sistemático de menores de edad, un delito tipificado como crimen de guerra.
En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el jefe de Estado señaló que, si bien otros grupos armados han aceptado desescalar la violencia y liberar a menores, la facción liderada por alias Mordisco ha actuado en sentido contrario. El presidente afirmó que el Gobierno tiene información sobre el reclutamiento forzado de más de 200 menores, particularmente en comunidades indígenas, describiendo el acto como una forma de «esclavización».
Yo mismo hice una investigación sobre número de menores muertos en combates desde el año 2.000 con una cifra que supera los 400 menores de edad. Hice mi debate al respecto.
Por eso y otras razones he apoyado los procesos de paz. La paz es la mejor medida para evitar niños en la…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 18, 2025
Además de las acusaciones de reclutamiento, el presidente Petro denunció que el grupo de Iván Mordisco estaría involucrado en la ampliación de negocios ilegales, incluyendo el narcotráfico y la explotación de minerales raros. Según el mandatario, el EMC estaría buscando controlar estratégicamente parte de la Amazonía, desde el Guaviare colombiano hasta el Esequibo, previendo un posible colapso del Estado venezolano.
El presidente vinculó estos intereses ilegales a la reciente reunión regional de seguridad celebrada en Manaos, Brasil, a la que fue invitada Venezuela. El objetivo, según Petro, es coordinar acciones de inteligencia contra las mafias que han incrementado el flujo de cocaína y cannabis hacia Europa y el sur del continente a través de la selva amazónica.
Petro también tildó al grupo de Iván Mordisco de actor terrorista, señalando que han colocado bombas en ciudades como Cali y en el departamento del Cauca, causando numerosas muertes. El presidente enfatizó que las acciones ofensivas de este grupo serán respondidas con la fuerza legítima del Estado, mientras que aquellos grupos que decidan desescalar y liberar menores podrán acceder a los espacios de diálogo sociojurídico propuestos por su gobierno.
Consideraciones Jurídicas sobre la Denuncia
Colombia es Estado Parte del Estatuto de Roma, que establece la jurisdicción de la CPI sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. El reclutamiento forzado de menores de 15 años en conflictos armados está específicamente reconocido como un crimen de guerra. La sistematicidad de los hechos en el marco del conflicto no internacional podría también enmarcarlo como un crimen de lesa humanidad.
Como jefe de Estado de un país firmante, el presidente Petro tiene la facultad de presentar información o solicitudes formales a la Fiscalía de la CPI. Aunque la apertura de una investigación formal corresponde a esta oficina o al propio tribunal, la jurisprudencia previa de la CPI en el caso colombiano ofrece una base jurídica definida para la eventual denuncia, siempre que exista evidencia documentada del reclutamiento sistemático.
