La crisis de orden público que atraviesa la Universidad del Atlántico, en el marco de la elección de rector para el periodo 2025-2029, ha generado preocupación y un llamado de atención por parte de los estamentos de la institución. José Antonio Castilla Rodríguez, representante de los trabajadores ante la Comisión de Vigilancia y Administración de la Carrera Administrativa, emitió un comunicado oficial y se pronunció sobre los recientes actos vandálicos y de violencia.
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Castilla Rodríguez lamentó que, por segundo día consecutivo, se presentaran desórdenes que incluyeron detonaciones, incendios y la presencia de encapuchados, lo cual ha provocado «histeria y mucha preocupación» entre los estudiantes, especialmente los de primer semestre. Señaló que existe un temor generalizado que podría llevar a la deserción de jóvenes, muchos de los cuales provienen de escasos recursos y ven en la Universidad del Atlántico su única opción de educación de calidad.
El representante se dirigió a las directivas y al Consejo Superior, exigiendo que se brinden garantías de seguridad a los trabajadores administrativos, de quienes afirmó que «casi no se nos tiene en cuenta». Subrayó que la gran mayoría de los administrativos son personas de avanzada edad, con preexistencias de salud, cuya integridad física y mental se ha visto gravemente afectada por los desórdenes.
Por lo tanto, la principal solicitud de Castilla Rodríguez a la administración, liderada por la rectora encargada Josefa Casiani, es que se permita la modalidad de trabajo remoto para aquellos compañeros que lo requieran por motivos de salud física o mental, mientras no se pueda asegurar un entorno laboral completamente seguro.
Respecto a los daños materiales, el representante indicó que aún no se tiene un balance oficial de las pérdidas, pero afirmó que la destrucción de la oficina que ocupaba el Dr. Miguel Caro, destinada a la vicerrectoría de investigación, es «costosísima». Mencionó la pérdida de infraestructura moderna, vidrios y publicaciones de profesores, sumado al riesgo que corrieron las jóvenes contratistas que se encontraban en la dependencia durante los ataques.
Finalmente, el representante de los trabajadores enfatizó que su llamado no es a decretar vacaciones o cerrar la universidad, sino a minimizar los riesgos y salvaguardar la salud y vida de la comunidad universitaria, urgiendo al gobernador a «definir esa situación» ante la inestabilidad que vive la alma mater.
