La Asociación de Educadores del Departamento del Atlántico (ADEA) se encuentra en medio de una intensa polémica interna, tras una Asamblea General de Delegados celebrada el pasado 22 de julio en la sede de Cajacopi. En dicha asamblea, se tomaron decisiones que han generado controversia y denuncias de irregularidades.
Una de las principales decisiones fue la aprobación de la expulsión del directivo Alberto Ortiz con 103 votos, lo que llevó a la anulación de la lista que él encabezaba, la cual había obtenido 86 votos. Como consecuencia, el profesor Carlos Noriega pasó a ocupar la presidencia de ADEA.
En respuesta a estos acontecimientos, el anterior presidente de ADEA, Eduardo Castillo, calificó la situación como un «golpe de estado» mediante una «maniobra engañosa». Según Castillo, se logró que funcionarios del Ministerio del Trabajo aceptaran una solicitud de modificación de cargos de la junta directiva para obtener la presidencia, con el propósito de convocar a los delegados para fines específicos, desconociendo actos previos que inhabilitaban dichas acciones.
Castillo aclaró que, si bien se había iniciado un proceso de descargo contra Alberto Ortiz por una publicación, esta situación fue superada el 24 de junio en una junta directiva, donde se revocó una resolución que ordenaba su expulsión. Argumentó que, al haberse resuelto esa primera instancia, no había lugar para presentar la propuesta de expulsión ante los delegados, lo que considera una vulneración de las normas internas.
Además, el ex-presidente tildó de «vergonzoso y antidemocrático» la anulación de la lista encabezada por Ortiz, quien ocupaba el cargo de fiscal. Castillo sostiene que la asamblea o la directiva no tienen la facultad de anular una lista completa, y que esta acción «violenta la libertad sindical» y los estatutos. Atribuyó esta decisión a un «ensañamiento» contra Alberto Ortiz para sacarlo del sindicato de manera «burda y arbitraria».
En cuanto a los periodos de la junta directiva, Castillo enfatizó que, por estatutos, el cargo es por cuatro años y los puestos se asignan según la correlación de fuerzas y el principio de la «mitad más uno» en votación democrática interna. Denunció un nuevo «exabrupto» al traer a la junta a la compañera Aracelys Peñaranda, quien había perdido en las elecciones de julio de 2024 (ocupando el puesto 12), para llenar el espacio dejado por la anulación de la lista de Ortiz. Según Castillo, esto se hizo sin el quórum necesario en la junta directiva y fue presentado ante el Ministerio del Trabajo para avalar la modificación de cargos.
Castillo criticó la función del Ministerio del Trabajo como una «notaría» que solo recibe documentos, lo que ha llevado a cambios constantes en la presidencia y la junta directiva. «En una semana ya hemos tenido tres juntas directivas», afirmó. El ex-presidente y su facción están gestionando ante el Ministerio del Trabajo la aplicación de correctivos y piden la intervención de la ciudadanía del magisterio, las centrales obreras y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) para dirimir el conflicto interno en ADEA.
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