Un alarmante balance de criminalidad contra la mujer se ha registrado en el departamento del Atlántico durante los primeros meses del presente año. De acuerdo con información recolectada de diversas fuentes y medios judiciales, entre enero y el 4 de abril de 2026, se ha documentado una preocupante relación de víctimas fatales en distintos municipios de la región, destacando una especial concentración de casos en el área metropolitana de Barranquilla.

Durante el mes de febrero, las estadísticas señalan que 10 mujeres fueron asesinadas, evidenciando una racha violenta que no ha dado tregua. Entre los casos más recientes que han conmocionado a la opinión pública se encuentran los de Sheridan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keila Nicol Hernández Noriega, de 17 años, ocurridos el pasado 28 de febrero en el municipio de Malambo. Asimismo, la violencia se ha extendido a poblaciones como Baranoa y Repelón, donde se reportaron los decesos de Fairuth Silvera Martínez y Wileidys Arrieta Márquez, respectivamente.

El reporte judicial detalla situaciones de extrema complejidad, como el caso de una mujer identificada como Everledis, quien presuntamente recibió un impacto de bala en el barrio Los Rosales, en el suroccidente de Barranquilla, y posteriormente falleció tras sufrir un accidente de tránsito mientras era trasladada en una motocicleta. De igual manera, se mantiene bajo investigación el hallazgo de una mujer en condición de calle en el sector de La Sierrita, cuya identidad y móviles del hecho aún no han sido establecidos por las autoridades competentes.

La tipificación de feminicidio aparece de manera reiterada en los expedientes de este año. Casos como el de Landry Jhoana Yépez Estrada, de 26 años, y María de los Reyes Herrera Ospino, de 61 años, han sido clasificados bajo este delito. El hecho más reciente integrado a esta lista es el de Evilena María Ortiz Mendoza, de 42 años, ocurrido el pasado 3 de abril, el cual es investigado como un presunto feminicidio. Ante este panorama, defensores de derechos humanos y la comunidad civil hacen un llamado urgente a las autoridades para fortalecer las estrategias de protección y celeridad en las investigaciones.