La Procuraduría General de la Nación presentó un informe sobre las actuaciones de vigilancia preventiva y control realizadas a las EPS Mutual Ser, Emssanar, Proteger EPS (antes Cajacopi) y Nueva EPS, en el que evidenció que persisten barreras en el acceso a los servicios de salud y un deterioro financiero que compromete la sostenibilidad y continuidad de estas aseguradoras.

El Ministerio Público señaló que las cuatro entidades continúan registrando problemas estructurales que afectan la atención de los usuarios, entre ellos el aumento de peticiones, quejas, reclamos, acciones de tutela e incidentes de desacato. Las principales inconformidades están relacionadas con demoras en la asignación de citas médicas especializadas, dificultades para autorizar procedimientos, retrasos en la entrega de medicamentos y otras barreras administrativas.

En el caso de la Nueva EPS, la Procuraduría advirtió que mantiene un riesgo sistémico y estructural para la garantía del derecho a la salud. El informe indica que los estados financieros de la entidad aún no cuentan con un dictamen favorable de la revisoría fiscal y que, con corte a 2024, registra pasivos superiores a los 22 billones de pesos y pérdidas acumuladas que superan los 11 billones.

El organismo de control también alertó sobre el deterioro en los indicadores de atención de la Nueva EPS. Durante el primer trimestre de 2026 se presentaron 40.668 acciones de tutela, cifra que representa el 60 % del total registrado en todo 2023. Además, se reportaron 10.031 incidentes de desacato, de los cuales cerca del 36 % permanecen sin resolver.

Como resultado de estas actuaciones, la Procuraduría anunció que adelantará investigaciones por posibles responsabilidades disciplinarias relacionadas con la actuación del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Superintendencia Nacional de Salud, por presuntas falencias en la inspección, vigilancia y control de estas EPS, así como por el seguimiento a los agentes interventores designados para administrarlas.