La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta preventiva ante la próxima terminación del contrato fiduciario encargado de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), prevista para el 31 de octubre de 2026. Además, advirtió sobre un faltante de aproximadamente $1,84 billones para financiar los servicios de salud de los docentes y sus beneficiarios durante la actual vigencia.
Ante la proximidad del vencimiento contractual, el organismo de control solicitó al Consejo Directivo del FOMAG informar qué decisiones se han tomado para garantizar la continuidad de la administración fiduciaria y evitar interrupciones en la prestación de los servicios médicos, así como en el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas del magisterio.
La Procuraduría expresó su preocupación por la situación financiera del Fondo. Aunque recientemente se aprobó un traslado presupuestal de $859.000 millones para fortalecer el componente de salud, los recursos siguen siendo insuficientes frente a las necesidades proyectadas para 2026.
Por esta razón, requirió información sobre las gestiones adelantadas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para obtener los recursos adicionales, los montos solicitados, el estado de los trámites y las medidas de contingencia previstas en caso de que el dinero no esté disponible oportunamente.
El Ministerio Público advirtió que las dificultades financieras y contractuales no deben afectar la continuidad, oportunidad ni calidad de la atención en salud de los afiliados al FOMAG.
Como parte del seguimiento preventivo, la entidad solicitó información prioritaria sobre las acciones que permitirán garantizar el funcionamiento del Fondo a partir del 1 de noviembre de 2026, así como los soportes de las gestiones presupuestales relacionadas con el déficit de recursos.
La Procuraduría señaló que su intervención busca que las autoridades competentes adopten oportunamente las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales de los docentes y sus familias, sin interferir en las decisiones administrativas y contractuales que corresponden a las entidades responsables.