La Procuraduría General de la Nación anunció la ampliación de la investigación disciplinaria en el denominado escándalo de los pasaportes, proceso que ya involucra a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y que ahora alcanza a seis nuevos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según explicó la Sala Disciplinaria de Instrucción, la decisión busca esclarecer si hubo una omisión en la realización de un proceso de selección competitivo para la contratación del servicio. El modelo adoptado permite que la Imprenta Nacional reciba capacitación y maneje recursos presupuestales, pero la obliga a subcontratar servicios adicionales debido a su falta de capacidad técnica para cumplir con el objeto contractual.

El organismo de control también indagará sobre la contratación con la Casa de la Moneda de Portugal, que representa menos del 50 % del valor del convenio y cuya legalidad será verificada frente a la normativa de contratación internacional. Otro de los puntos en revisión es el compromiso de vigencias futuras excepcionales, que podría superar el actual periodo de Gobierno y generar un cambio en la política de expedición de documentos de identificación para los colombianos en el exterior. Asimismo, la Procuraduría investigará la posible falta de disponibilidad presupuestal para cubrir la totalidad de ítems del convenio y eventuales vicios en las decisiones de la junta directiva de la Imprenta Nacional, en las que se habrían aprobado proposiciones relacionadas con la suscripción de la alianza.

Dentro de los funcionarios que entran en el radar disciplinario se encuentran directivos de la Imprenta Nacional, como su jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Julián David Peña Martínez, y la subgerente administrativa y financiera, Olga Lucía Ruiz Mora. También están comprometidos delegados de diferentes carteras del Gobierno, entre ellos Jaime Berdugo, del Ministerio del Interior; Luis Alberto Sanabria, del Ministerio de las Culturas; y Dora Ojeda Roncancio, del Ministerio de Educación. A ellos se suma Ricardo Benavides, representante del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

El procurador Marcio Melgosa, por su parte, lideró una inspección en las instalaciones de la Imprenta Nacional en Bogotá, como parte de las pruebas que busca recopilar el Ministerio Público para determinar responsabilidades en este polémico contrato.

Con esta decisión, la Procuraduría ratifica que el escándalo de los pasaportes no solo compromete a la canciller Villavicencio, sino que también salpica a otros altos funcionarios del Ejecutivo, en un proceso que podría escalar aún más en las próximas semanas.