El delegado de la Procuraduría General de la Nación, Bladimir Cuadro, radicó ante la justicia un documento de 81 páginas en el que solicita tumbar la condena de 12 años contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En su apelación, argumenta que la sentencia de primera instancia presentó vacíos en la valoración de las pruebas y errores en la apreciación objetiva del material presentado en juicio.

La jueza Sandra Liliana Heredia condenó a Uribe el pasado 1 de agosto por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, al considerar probado que fue el determinador de una red que intentó manipular declaraciones para favorecerlo y perjudicar al senador Iván Cepeda. Sin embargo, el procurador delegado sostiene que no existe evidencia suficiente para atribuirle responsabilidad penal.

“Los errores en la apreciación de la prueba, principalmente la incorrecta observación objetiva de la misma, llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación”, señala el documento dirigido a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Uno de los puntos centrales de la apelación se refiere a la interpretación de interceptaciones telefónicas entre Uribe, el abogado Diego Cadena y personas de su círculo cercano. Según Cuadro, el contenido de las conversaciones no demuestra intención de sobornar testigos y, por el contrario, reflejaría el interés del exmandatario en que los acercamientos se hicieran conforme a la ley.

El procurador ya había solicitado la absolución de Uribe durante los alegatos finales del juicio, afirmando que no se probó, más allá de toda duda razonable, el grado de conocimiento necesario para atribuirle responsabilidad como determinador de los hechos acusados.

Uribe Vélez permanece en prisión domiciliaria en su finca de la vereda El Tablazo, en Rionegro (Antioquia). Desde allí, publicó un video en el que reiteró su inocencia y afirmó que continuará su lucha contra el “neo-comunismo”.

Por ahora, sigue vigente la condena que lo inhabilita por 100 meses para ocupar cargos públicos y lo obliga a pagar una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos. El próximo 13 de agosto vence el plazo para que su defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, presente sus argumentos técnicos de apelación.