La Procuraduría General de la Nación, a través de su Procuraduría Provincial de Barranquilla, lideró una acción preventiva que resultó en la articulación de medidas urgentes entre autoridades distritales y nacionales para atender los riesgos y la vulneración de derechos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes de la comunidad indígena Yukpa.

En un espacio de diálogo convocado por el ente de control, participaron el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía de Infancia y Adolescencia, y la Secretaría de Gestión Social de la Alcaldía Distrital. En conjunto, las entidades acordaron implementar medidas concretas e inmediatas, incluyendo la verificación de denuncias, el refuerzo de los procesos de protección y la realización de trabajos de sensibilización con el objetivo de prevenir la mendicidad y la explotación infantil dentro de la comunidad.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Social anunció que realizará una caracterización completa de la comunidad Yukpa. Además, evaluará la provisión de apoyos alimentarios dirigidos a la primera infancia y coordinará acciones de ayuda humanitaria en colaboración con otras dependencias distritales.

La Procuraduría enfatizó la necesidad de que las actuaciones estatales mantengan un enfoque diferencial y respeten la identidad cultural de la comunidad. El organismo subrayó la importancia del diálogo intercultural y la conciliación efectiva con los líderes y las autoridades tradicionales Yukpa.

Finalmente, se informó que la población indígena expresó su interés en retornar a su territorio en Venezuela, solicitando el acompañamiento institucional para asegurar un desplazamiento seguro. Las entidades competentes han manifestado que continuarán analizando esta petición. La Procuraduría reafirmó su compromiso de vigilar el cumplimiento de los acuerdos y coordinar el seguimiento articulado para la salvaguarda de los derechos humanos de la población Yukpa.