La Procuraduría General de la Nación convocó de manera urgente una mesa de trabajo interinstitucional para evaluar la implementación de medidas de prevención y protección más efectivas para las personas LGBTIQ+ en el país. Esta acción se da tras el reciente y repudiable asesinato de Sara Millerey, una mujer trans, en el municipio de Bello, Antioquia.

La convocatoria responde a la creciente preocupación por la situación de violencia que afecta a esta comunidad, la cual ya registra 13 casos en lo que va del 2025, siendo Antioquia el departamento con mayor incidencia al contabilizar seis de estos hechos.

En la reunión, que contó con la participación de representantes de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y los ministerios del Interior e Igualdad, se discutieron diversas estrategias para agilizar la información sobre amenazas en tiempo real y coordinar acciones conjuntas de atención para prevenir su materialización.

El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos hizo un enfático llamado a las autoridades competentes para que aceleren las investigaciones de estos crímenes, esclarezcan las circunstancias que los rodearon y procedan a la judicialización de los responsables.

Asimismo, solicitó la activación inmediata de las rutas de prevención y protección establecidas por la ley, con el objetivo primordial de garantizar la vida e integridad personal de la población LGBTIQ+.

Finalmente, la Procuraduría instó a la ciudadanía a rechazar y evitar la viralización de publicaciones relacionadas con estos hechos en redes sociales, como muestra de respeto hacia las víctimas y sus familias.