La Procuraduría General de la Nación exhortó a gobernadores, alcaldes y autoridades educativas del país a reforzar las acciones de prevención, atención y sanción frente a los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en instituciones educativas oficiales y privadas.

A través de un memorando, el Ministerio Público solicitó a las entidades territoriales ejercer con mayor rigor sus funciones de inspección y vigilancia, además de actualizar los protocolos de convivencia escolar y activar de manera inmediata la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar cuando se presenten estos casos.

El organismo también ordenó a las secretarías de Educación y a los jefes de Control Interno Disciplinario agilizar las investigaciones por presuntos hechos de violencia sexual y remitirlas de forma inmediata a las autoridades judiciales competentes.

Asimismo, la Procuraduría recordó la obligación de garantizar la protección de las víctimas, denunciantes y testigos, evitando cualquier tipo de represalia, estigmatización o revictimización dentro de las comunidades educativas.

Como parte del seguimiento, las Entidades Territoriales Certificadas en Educación deberán presentar, en un plazo de ocho días hábiles, un informe detallado con las denuncias de violencia escolar registradas entre enero de 2025 y el 30 de junio de 2026.

El memorando fue suscrito por las delegadas para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer; la Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Vigilancia Administrativa; y la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.